El juez ha interrogado durante una hora y media este viernes a la soprano Montserrat Caballé, imputada a raíz de la querella por fraude fiscal que ha interpuesto la Fiscalía de Delitos Económicos contra ella y que le acusa de defraudar 508.462 euros a la Hacienda pública. La diva ha negado las acusaciones y ha asegurado que residía en Andorra y no en Barcelona como dice el Ministerio Público.

En medio de una gran expectación mediática, con una veintena de periodistas, cámaras de televisión y fotógrafos a las puertas de la vivienda, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona, Josep Maria Miquel Porres, ha llegado minutos después de las diez de la mañana, acompañado de la secretaria judicial, un funcionario y la fiscal del caso, Carmen Martín. También estaba con ellos el abogado del Estado.

Antes de las diez de la mañana ha llegado también al domicilio de Caballé su abogado, Santiago Ayesta, recibido por numerosos periodistas que esperaban en la puerta de la vivienda de la diva, situada en un edificio de la Avinguda Josep Tarradellas, al lado de la estación de Sants, construido en los años 60.

El juez se ha presentado en el domicilio después de que la forense comprobara que Caballé tiene la movilidad limitada por problemas de salud y por su avanzada edad, 81 años. El interrogatorio ha durado hora y media y al salir el magistrado no ha hecho declaraciones a los numerosos medios de comunicación situados ante la entrada del edificio.

Según han informado fuentes judiciales, la diva ha declarado postrada en una cama reclinable y ha negado haber defraudado medio millón de euros a Hacienda porque en 2010 residía habitualmente en su casa de la localidad andorrana de Sant Julià de Lòria y sólo se desplazaba a Barcelona para acudir al médico. Por el contrario, la Fiscalía mantiene que el domicilio andorrano de Caballé era un mero formalismo con el que la soprano pretendía eludir la tributación por los beneficios generados en 2010.

Según Caballé, la estructura societaria en la que ingresó los beneficios de 2010 —a través de la empresa andorrana Reial Classics de la que Hacienda solo conoce el domicilio fiscal— la ideó un asesor fiscal suyo, fallecido desde hace tres años, sin que ella estuviera al corriente de sus gestiones.

La soprano también ha dicho que ingresó 300.000 euros por unas grabaciones y no los dos millones que sostiene el Ministerio Público, pues la mayoría de pagos están pendientes. Caballé ha pagado 300.000 euros a Hacienda por recomendación de sus abogados.

El hecho de que la diva se muestre dispuesta a devolver a la Agencia Tributaria el medio millón de euros supuestamente defraudados, de los que ya ha entregado 300.000 euros, parece apuntar a que su defensa busca un pacto con la Fiscalía que evite la celebración del juicio, mediante una sentencia de conformidad. Sin embargo, ese eventual acuerdo para evitar sentarse en el banquillo de los acusados exige que la diva reconozca los hechos delictivos que le atribuye la Fiscalía, lo que por el momento parece ir en dirección contraria a lo expresado en su declaración judicial.

La soprano ha devuelto ya a la Agencia Tributaria 300.000 euros de los 508.462 que se le acusa de hacer defraudado en su declaración de IRPF correspondiente al año 2010, simulando tener residencia andorrana. No obstante, Caballé está tratando de reunir la cantidad restante para saldar su deuda con Hacienda, de cara a evitar un eventual juicio.

La diva deberá pagar el total de dinero evadido a Hacienda, más la multa correspondiente —que según el Código Penal oscila entre dos y seis veces la cantidad defraudada—, para pactar con la Fiscalía una rebaja en la condena por el delito de fraude fiscal y, de esa forma, evitar la celebración del juicio.