El presidente de la Xunta y jefe de filas del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha ratificado su respaldo a que los siete ediles de Santiago procesados por autorizar el pago de la defensa del también concejal Adrián Varela, imputado en la 'Operación Pokémon', continúen en su cargo, al tiempo que ha concretado que realizará "una propuesta" sobre su futuro cuando haya sentencia si ésta es condenatoria.

Así lo ha manifestado después de trascender un auto de la Audiencia Provincial de A Coruña que desestima el recurso de los ediles —para quienes la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación— contra la decisión de que se les abra juicio oral. De esta forma, los siete concejales imputados se sentarán en el banquillo el próximo 19 de mayo.

Tras el Consello de la Xunta, Feijóo ha admitido que tiene esperanzas de que sean absueltos, toda vez que entiende que no actuaron de forma irregular. "No hay ninguna tacha de apropiación indebida, ni una decisión a sabiendas injusta, ni un perjuicio para la Hacienda pública", ha argumentado el mandatario gallego, quien ha remarcado que "asume y asumirá" la responsabilidad sobre la decisión de mantenerlos.

"Asumo las decisiones que propongo como presidente del partido, me equivoque o acierte", ha sentenciado, antes de asegurar que no "descargará la responsabilidad" sobre la militancia. Y es que, si bien ha admitido que la situación no es "cómoda" para él ni para su partido, ha defendido que cada uno tiene que actuar según le dicta su "conciencia".

Además, Feijóo ha precisado que lo que hace la Audiencia es "autorizar a juzgar si hubo una actuación no conforme a derecho". "Pues que se juzgue", ha agregado.

Expediente disciplinario

Preguntado sobre si comparte con el presidente del PP ourensano, Manuel Baltar, que se debe dimitir cuando se abre juicio oral, Feijóo ha replicado que no dispone de información concreta sobre las declaraciones del líder provincial popular.

Sí ha recordado que hace unos días se veía como un juzgado "archivaba todos los asuntos en relación a un alcalde que fue el de Santa Comba". "Y en Ourense veíamos una situación similar; veíamos como se archivaba la denuncia después del juicio correspondiente, creo recordar, al alcalde de Baltar, que no dimitió", ha apostillado.

Así, ha reiterado que "no diluirá" su responsabilidad y que decidirá cuando corresponda mientras que sus compañeros de filas continúen confiando en él como presidente del partido.

Por otra parte, ha concretado que a los ediles se les ha notificado este jueves que su expediente informativo en el partido pasa a ser disciplinario, conforme dictan los Estatutos del PPdeG.

Estatutos del partido

En concreto, la norma del PPdeG prevé abrir un expediente informativo contra cargos con imputaciones judiciales, que sólo se transforma en disciplinario en el caso de que se produzca señalamiento de juicio oral —situación en la que se encuentran ahora los concejales compostelanos— y se resuelve cuando finaliza el procedimiento judicial.

Así, el expediente disciplinario incluye el matiz de que la resolución final tendrá lugar cuando se dicte sentencia o, en su caso, haya un sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial, con lo que en la situación actual los concejales imputados por prevaricación se podrán mantener en tanto cuenten con el respaldo de los dirigentes del partido.

Al margen de los Estatutos populares, el único compromiso que Feijóo ha realizado públicamente y en sede parlamentaria por el momento ciñe las dimisiones automáticas a los casos con medidas cautelares.

De este modo, con independencia de lo que diga el reglamento interno del PPdeG, su jefe de filas ha garantizado que los cargos populares o de la Xunta con medidas cautelares tendrán que dimitir o serán destituidos "sean o no acusados" y antes de juicio oral.

Con todo, el partido está habilitado —y así lo ha hecho en otras ocasiones— para adoptar decisiones contundentes como pedir o forzar la dimisión de un cargo antes de sentencia si considera que existe información "suficiente" de que ha cometido una irregularidad, pero los populares no consideran sea el caso de los siete ediles de Santiago.