Los impulsores de la reforma aragonesa (PSOE, PP e IU, el PAR no está en el Congreso) insistieron en que la comunidad alcanzaba con este texto el máximo techo competencial, y subrayaron el amplio consenso con que se ha fraguado la modificación.

Pero lo cierto es que el nuevo Estatuto aragonés no recoge ningún compromiso de financiación hacia la comunidad por parte del Estado, como sí hacen estatutos de otras autonomías, ni establece garantías frente al trasvase, que deja abierto el Estatuto valenciano, ni asegura un buen sistema de financiación para Aragón. Todo ello puede redundar en el futuro en discriminación de nuestro territorio frente a otras CC AA.

El presidente Zapatero calificó el nuevo Estatuto como «un instrumento más de progreso».