Gobierno acudirá al TC por conflictos de competencias con Canarias y dos CCAA más sobre gestión del Fondo para el Empleo

El Consejo de Ministros ha acordado este viernes plantear conflictos negativos de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC) a Cataluña, Andalucía y Canarias porque, al contrario que las demás comunidades autónomas, siguen sin asumir la gestión del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, tal y como estableció el TC en 2012.

El Consejo de Ministros ha acordado este viernes plantear conflictos negativos de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC) a Cataluña, Andalucía y Canarias porque, al contrario que las demás comunidades autónomas, siguen sin asumir la gestión del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, tal y como estableció el TC en 2012.

El pasado 28 de febrero, el Consejo de Ministros acordó formular requerimientos previos, pero Cataluña los rechazó el 2 de abril, Andalucía el día 3 y Canarias el 4. Considerando por ello que están "agotadas todas las vías de colaboración previstas" y tras recibir los dictámenes favorables del Consejo de Estado, el Gobierno plantea estos tres conflictos negativos de competencias.

El Real Decreto Ley del 26 de octubre de 2009 creó el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, centralizando en órganos de la Administración General del Estado la gestión, administración, dirección y control del Fondo para sufragar servicios sociales de competencia municipal. Este Fondo, por tanto, fue un mecanismo creado por el Estado para otorgar a los ayuntamientos subvenciones o ayudas para la realización de proyectos que generaran empleo y actuaciones que tuvieran en cuenta la sostenibilidad social.

Pero el real decreto fue recurrido por la Generalitat de Cataluña, y en junio de 2012 el TC declaró la inconstitucionalidad de la gestión centralizada de las ayudas previstas en el Fondo, obligando a la Administración General del Estado a territorializar por comunidades autónomas las subvenciones pendientes de ejecución en el momento de dictarse la sentencia.

En cumplimiento de aquella sentencia, las comunidades autónomas asumieron la gestión de los expedientes en curso al momento de dictarse, salvo Andalucía, Canarias y Cataluña.

El Gobierno mantiene que con estas tres comunidades autónomas ha intentado la vía de la colaboración para que, de conformidad con el pronunciamiento del tribunal, asumieran la gestión de los expedientes de su competencia, pero las tres pusieron objeciones; y los requerimientos previos planteados hace dos meses tampoco han dado resultado.

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