El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles una proposición no de ley del PSOE-A, que ha sido apoyada por IULV-CA y que ha contado con la abstención del PP-A, en la que insta a la Junta a demandar al Gobierno central que revise las condiciones establecidas en las operaciones financieras formalizadas por las entidades locales incluidas en el marco del Plan de pago a proveedores "ante la grave situación creada", ya que se han visto obligadas a formalizar préstamos a largo plazo con un elevado tipo de interés.

La Cámara ha pedido que la citada revisión suponga la ampliación del periodo de carencia y del plazo de amortización y la reducción del tipo de interés.

Asimismo, se insta a la Junta a plantear al Gobierno que permita que aquellos ayuntamientos que no tienen actualmente Plan de Ajuste revisen y mejoren las condiciones que le vienen impuestas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aplicando dos años de carencia sin retención de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) para los municipios y posteriormente seguir con una retención no superior al 25 por ciento hasta saldar la deuda.

En defensa de la iniciativa, la diputada del PSOE-A Clara Aguilera ha indicado que el Plan de Pago a Proveedores puesto en marcha por el Gobierno de la Nación en 2012 para el saneamiento de las deudas de las entidades locales tenía el objetivo de crear un mecanismo ágil de pago y de canalización de las deudas con los proveedores, con la obligación para los ayuntamientos de realizar un plan de ajuste y una operación de endeudamiento.

Sin embargo, según ha señalado, ello ha supuesto la transformación de la deuda comercial de los ayuntamientos en deuda financiera. Ha añadido que las entidades locales se han visto obligadas a formalizar unas operaciones de crédito a largo plazo con un elevado tipo de interés y con una exigencia añadida de cumplir con un plan de ajuste, aceptados previamente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Según ha explicado, todas estas operaciones se formalizaron en mayo de 2012, contando con dos años de carencia, por lo que, a partir de mayo de 2014, los ayuntamientos andaluces acogidos a este Plan de Proveedores tienen que empezar a pagar las amortizaciones del préstamo, lo que genera un "grave problema". Para Clara Aguilera, los ayuntamientos han cumplido y ahora le toca al Gobierno central cumplir con ellos.

Por su parte, la diputada del PP-A Ana Mestre ha indicado que el Gobierno es sensible y está comprometido con las entidades locales de este país, como se pone de manifiesto con el plan de pago a proveedores. Se ha impulsado desde el Ejecutivo nacional, según ha recalcado, un conjunto de medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez en los entes locales y ha considerado que la iniciativa del PSOE-A llega "tarde y mal" porque desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ya se ha anunciado una flexibilización para hacer frente a los pagos de esos préstamos.

Mestre ha reprochado a los socialistas que planteen esta iniciativa cuando la Junta no paga su deuda con los ayuntamientos y además "recorta" la Patrica. Ha denunciado además el "sectarismo" que el Gobierno andaluz practica con los ayuntamientos del PP-A.

El diputado de IULV-CA Juan Serrano ha manifestado que mientras el Gobierno inyecta liquidez a la banca, luego ésta impone intereses abusivos a los ayuntamientos, lo que está agravando la situación de muchos municipios. Ha indicado que los planes de pago a proveedores han supuesto la sumisión a unos planes de ajuste, que suponen hipotecar el futuro de muchos municipios y de sus vecinos. Se ha mostrado convencido de que los planes de pago a proveedores suponen una clara "intervención" por parte del Estado de los ayuntamiento, en beneficio de la banca.