PP, PSOE y Grupo Mixto han aprobado de forma unánime una resolución en las Cortes de Castilla y León a través de la que se pide a la Junta que arbitre mecanismos para que el consumidor pueda rescindir libremente el contrato si el precio de la energía eléctrica no es de su conformidad.

Esta resolución deriva de una Proposición No de Ley (PNL) planteada por el Grupo Parlamentario Socialista y que finalmente ha sido enmendada por el PP para cerrar un texto consensuado que en primer término insta al Gobierno regional a elaborar una campaña informativa del nuevo sistema de calculo del coste de la energía en la factura de la electricidad.

Asimismo, el texto establece además agilizar lo máximo posible la implantación de equipos de medida sin cargo al consumidor con capacidad de telemedida y telegestión para que existe una "verdadera libertad" de opción entre las modalidades de facturación reguladas normativamente.

El portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista, Julio López, ha insistido en que el objeto de esta resolución es defender a los consumidores en un tema en el que "llueve sobre mojado" como es la luz. "Desde que gobierna el PP el precio de la luz ha crecido un 17 por ciento y se sitúa entre los tres más caro de la UE", ha explicado.

De este modo, López ha considerado necesario "limitar" el nuevo calculo", ya que, a su juicio, es "discriminatorio".

Por su parte, el procurador 'popular' Arturo Pascual Madina ha centrado su discurso en la variabilidad del precio, para lo que ha explicado que los consumidores no sabrán lo que va a pagar aunque existe la posibilidad de contratar un precio fijo, por lo que ha respaldado la propuesta de resolución que finalmente salió adelante en el Pleno.

La anécdota de la jornada en el Pleno tuvo lugar en la votación de esta PNL, que sólo contó con un voto en contra y fue el de la presidenta de las Cortes, María Josefa García Cirac, quien, en tono jocoso, reconoció su despiste.