El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha trasladado este martes a representantes de ayuntamientos y diputaciones de la Comunidad que la ley de reforma local del Gobierno central no impide a las corporaciones locales realizar políticas de cooperación al desarrollo, una competencia que pueden seguir ejecutando.

Así lo ha trasladado Valderas durante su participación en la inauguración de un taller sobre cooperación internacional y administración local para analizar la reforma local del Gobierno, en el que también ha intervenido el director de la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo Internacional (Aacid), Enrique Centella.

Valderas se basaba para hacer esta afirmación en un informe jurídico que ha elaborado la dirección general de Administración Local en relación a la aplicación de la reforma local y en el que se determina que los municipios "pueden y deben" seguir haciendo cooperación internacional.

El número dos del Gobierno andaluz, que ha recordado que fueron los ayuntamientos los que dieron los primeros pasos en materia de solidaridad en el año 1979, ha garantizado que en el próximo Plan Andaluz de Cooperación al Desarrollo 2015-2020 (Pacode) va a haber una "estrechísima" colaboración entre los ayuntamientos y la Junta.

Tras insistir en que Andalucía es "vanguardia" en el terreno de la solidaridad, donde no va a dar "ni un paso atrás", Valderas ha reconocido que la reforma local genera "incertidumbre" entre las corporaciones locales y que, fruto de ello, algunos ayuntamientos van a aprovechar para dejar de desarrollar la cooperación al desarrollo, argumentando que no es una competencia propia.

Valderas, que ha advertido de que la cooperación puede quedar "muy dañada" si los ayuntamientos no la ejercen, ha abogado por "estimular" a las corporaciones locales en esta materia. "Más allá de lo que pueda decir la ley o de los intentos del Gobierno de limitar la solidaridad, la cooperación al desarrollo no puede ser una competencia exclusiva del Estado ni de las comunidades porque los ayuntamientos también son Estado", ha concluido.