María Teresa Largo, la abogada de la familia de la menor residente en la barriada de El Torrejón en Huelva, víctima de abusos por parte de J.V.C., condenado en 2012 a dos años de prisión por abusar de su sobrina política, esta niña de 11 años que entonces tenía ocho, y que ahora vive frente a su domicilio, ha pedido su entrada en prisión preventiva por quebrantamientos de medidas cautelares de alejamiento que lleva el Juzgado de Instrucción número 3, tras una denuncia presentada por la madre de esta menor.

Según ha informado a Europa Press la propia letrada, a su vez pedirá a la Audiencia que proceda a la revocación de la suspensión de esta pena impuesta a J.V.C., por incumplimiento de condena, ya que, según insiste, "éste no ha abonado la indemnización de 3.000 euros como responsabilidad civil ni las cosas".

Cabe recordar que la Sección Segunda de la Audiencia lo condenó en diciembre de 2012 a dos años de prisión por un delito de abusos sexuales sobre una menor, sentencia que le impuso la pena de seis años de libertad vigilada siguientes al cumplimiento de la misma, con la prohibición expresa de aproximarse a la víctima, a sus padres y de comunicarse con ellos durante dicho plazo, y el pago de la citada cantidad.

Esta declaración se contradice con el comunicado emitido hace unos días por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que asegura que esta condena se emitió tras un acuerdo de conformidad de todas las partes, Fiscalía, acusación particular y defensa del acusado, y al no contar con condenas anteriores, al ser la pena no superior a dos años y al haber abonado la indemnización que le fue impuesta, todas las partes se mostraron conformes en que se le aplicara el beneficio de la suspensión de la misma, así como que la orden de alejamiento aceptada por todas las partes fue de 20 metros y también se le condenó al pago de una indemnización de 3.000 euros a la menor.

Así pues, argumentan desde el tribunal andaluz que, de esta manera, el condenado evitaba ingresar en prisión si no cometía ningún tipo de delito en un plazo de cinco años que se inició en febrero de 2013, no antes.

En este punto, aclararon que el condenado ha sido denunciado en varias ocasiones por la madre de la menor por quebrantar la orden de alejamiento, unas denuncias que se encuentran en fase de instrucción en diferentes juzgados de Huelva, en diferentes niveles de tramitación procesal, pero en ningún caso han llegado a ser objeto de enjuiciamiento aún, motivos por los que la abogada de la familia ahora pedirá la prisión preventiva.