Cuando parecía que el conflicto que enfrentó a vecinos y dueños de las canteras y sus trabajadores durante semanas estaba casi olvidado, la Audiencia Provincial ha ordenado reabrir la investigación e instrucción penal por la emisión de polvo y su posible perjuicio a la salud de los ciudadanos.

Según la asociación, en dicha investigación penal se ha solicitado que se realicen mediciones diarias en varios lugares de la localidad. Todo ello «a fin de que se depuren responsabilidades si las hubiera de las administraciones que durante años han consentido y están consintiendo las actividades cerradas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)», aseguran los afectados.

También critican «el plan de restauración» que acaban de aprobar la Junta y el Ayuntamiento, pues afirman que seguirán «padeciendo más de 300 camiones diarios y explosiones constantes».