En el debate que puso fin a la legislatura parlamentaria en Castilla y León, las posturas encontradas del PP, que votó a favor del proyecto, y el PSOE, que votó en contra, ofrecieron una visión opuesta de lo que supondrá para la provincia de Soria el desarrollo de la Ciudad del Medio Ambiente.

La vicepresidenta de la Junta, la soriana María Jesús Ruiz, que defendió el proyecto de ley ante la cámara tras cederle esta misión los consejeros de Fomento y Medio Ambiente, sostuvo que este miércoles era un 'día muy especial para Soria' y que esta iniciativa será 'un ejemplo de cómo el medio ambiente es compatible con el desarrollo y todas las actividades humanas'.

Los habitantes de Soria 'no somos una especie a extinguir', resumió Ruiz, quien defendió la legalidad del procedimiento seguido para su tramitación y anunció que 'no será el último' caso en el que la Junta de Castilla y León catalogue como proyecto de interés regional iniciativas de este tipo.

"Una tropelía"

Martínez adelantó la intención de su partido de recurrir ante el Tribunal Constitucional las normas urbanísticas que legitiman el proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente -ley regional de Ordenación del Territorio y la ley aprobada este miércoles- y respaldó la decisión del Ministerio de trasladar el caso a la Fiscalía Especial para Delitos Ambientales y Urbanísticos.

El procurador del PP José Antonio de Miguel negó que la Junta haya actuado fuera de la ley para poner en marcha un proyecto que ya ha logrado que empresas privadas se comprometan a invertir allí 386 millones de euros y añadió que las denuncias socialistas tienen que ver con 'intenciones oscuras' del PSOE nacional.

Ecologistas, en contra

El portavoz de Ecologistas en Acción de Castilla y León, Luis Oviedo, consideró 'profundamente antidemocrático' el procedimiento utilizado por la Junta en este caso y añadió que la intención de la administración autonómica era 'aprobar por ley' esta 'operación especulativa' para que los ciudadanos 'no lo puedan recurrir ante los tribunales'.

La Ciudad del Medio Ambiente, cuyo proyecto prevé una inversión de 500 millones de euros (100 de las arcas públicas) y la construcción de 800 viviendas 'ecológicas' para 4.000 habitantes, ocupará un área de 552,48 hectáreas en el paraje del Soto de Garray (Soria) y supondrá la creación de 400 empleos.