Los tres grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Santiago —PP, PSOE y BNG— han acordado este martes llevar al próximo pleno una declaración institucional en defensa de la actual planta judicial de Compostela y contra la eliminación de servicios judiciales con la desaparición del partido judicial que propone la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial.

Los tres portavoces de los grupos se han reunido en Junta de Portavoces, en la que han mostrado su posición unánime de "defensa" de la planta judicial con la que actualmente cuenta Santiago de Compostela.

El alcalde, Ángel Currás, ha indicado que los tres grupos "comparten" la necesidad de que la "redacción definitiva" de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prepara el Gobierno central "recoja las peculiaridades de Santiago como capital de Galicia" y que la "nueva figura de Tribunal de Instancia no tenga una demarcación provincial, sino que Santiago cuente con un Tribunal de Instancia en las mismas condiciones con las que cuenta en la actualidad".

Asimismo, Currás ha pedido que se "tengan en cuenta" las "peculiaridades" del territorio gallego "en función de criterios poblacionales y geográficos", relacionados con la dispersión, "así como socioeconómicos".

Coincidencia de los grupos

En la misma línea, el portavoz del BNG local, Rubén Cela, ha destacado la "coincidencia" que existe en esta posición tanto entre los grupos políticos como en la sociedad, y ha apuntado que la pérdida de la "actual planta judicial" sería un "paso atrás de gigante" para Santiago.

"Hay que hacer todo lo posible para que este proyecto no se materialice tal y como está redactado hoy", ha indicado Rubén Cela, que ha instado al "conjunto de la ciudadanía" a que se "movilice".

Por su parte, el portavoz local del PSOE, Francisco Reyes, ha trasladado a los compostelanos un mensaje de "tranquilidad", dado que las tres fuerzas políticas del consistorio "están de acuerdo en defender las necesidades de Santiago" en materia judicial. Paralelamente, ha apostado por trasladar a los vecinos que este es "un problema de todos".

El Ayuntamiento de Santiago trasladará este manifiesto a instituciones y asociaciones de la ciudad para que puedan adherirse si lo desean y también a la Xunta de Galicia y al Ministerio de Justicia para trasladar la posición del municipio.