La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado a tres aforados, como son los exconsejeros de la Junta de Andalucía José Antonio Viera y Francisco Vallejo y el parlamentario socialista andaluz José Caballos, y a otras nueve personas que tuvieron responsabilidades públicas y ocuparon altos cargos por haber "favorecido" o "permitido" la concesión de ayudas a la Sierra Norte de Sevilla, en particular las concedidas a la estructura societaria vinculada al "tándem" formado por José Enrique Rosendo, hijo del exalcalde de El Pedroso Rafael Rosendo, y José María Sayago.

En el atestado, de varios miles de folios, los investigadores de la UCO dicen que todos ellos "pudieron alcanzar algún grado de responsabilidad en los hechos investigados y en relación a las ayudas investigadas".

Menciona, además de a los aforados, al exconsejero de Empleo Antonio Fernández; a los exviceconsejeros del ramo Agustín Barberá y Justo Mañas; a los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez; a los exdirectores generales de IFA/IDEA Francisco Mencía y Miguel Angel Serrano, y al exgerente provincial del IFA en Sevilla Manuel Enrique Contreras.

Por otro lado, la jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE se ha dirigido al Senado ante la imposibilidad de localizar al expresidente andaluz y actual senador José Antonio Griñán para entregarle documentación supuestamente relacionada con el caso de los ERE.

Una pareja de la Guardia Civil entregó ayer en la Cámara Alta un escrito en el que la jueza solicitaba a su presidente, Pío García-Escudero, que hiciera llegar a Griñán un sobre con documentación dirigida al senador socialista.

El escrito fue entregado también en el Congreso, en este caso con documentación dirigida al también expresidente regional y actual diputado Manuel Chaves.

El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha recordado a Alaya que el cauce adecuado para trasladar cualquier asunto judicial que afecte a diputados es el Tribunal Supremo. Así lo ha asegurado después de que la Mesa del Congreso haya ratificado la decisión que él mismo adoptó este lunes de devolver a Alaya, sin abrirlo, el sobre que unos agentes "de paisano, pero armados", entregaron en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

Posada ha explicado que desconoce el contenido del sobre enviado por la jueza porque no lo abrió y ha indicado que, de lo único que tuvo conocimiento, fue de que el requerimiento iba dirigido a él.

"Se les firmó el recibí. Yo devuelvo todo a la jueza, no he abierto nada y le he indicado que el camino para relacionarse con el presidente del Congreso es el Tribunal Supremo", ha resumido Posada, quien también ha destacado que los dos agentes que entregaron los sobres "se comportaron estupendamente".

Además, Posada ha contestado a Alaya recordándole que "desde hace años" la práctica habitual es que las requisitorias de este tipo que se envían al Congreso se trasladan través del Tribunal Supremo "y no directamente". "Parece obvio que este no es el procedimiento, la jueza ha utilizado un canal erróneo", ha incidido Posada.

El presidente también ha apuntado que se ha dirigido al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para informarle de lo ocurrido para que esté al tanto.

Mientras, el secretario general del Grupo Socialista en el Senado, José Miguel Camacho, ha expresado hoy su "sorpresa" por la acción de Alaya y ha criticado que, después de seis meses sin dirigirse a los tres aforados que podrían estar implicados en la causa -además de Griñán y Chaves, el exconsejero José Antonio Viera-, lo haga ahora a través del Senado.

Camacho ha recalcado que Alaya debe conocer "perfectamente" que los órganos constitucionales establecen un mecanismo de funcionamiento para los aforados que es "siempre, siempre" a través del Supremo. "Por lo tanto, cualquier escrito que quiera dirigir a los interesados en su condición de senadores o diputados lo debería hacer a través del Tribunal Supremo", ha subrayado.

Ha recordado que ya en otras ocasiones los jueces se han dirigido directamente al Senado y éste les ha remitido al Supremo, pero ha incidido en que ésta "es la primera vez que se hace con la presencia de la Guardia Civil en su condición de Policía Judicial".

Griñán es senador por designación del Parlamento de Andalucía desde el pasado 12 de septiembre y, tras adquirir su condición de parlamentario, el 24 del mismo mes ocupó por primera vez su escaño de la Cámara Alta. Entre sus cargos en el Senado, figuran los de vicepresidente segundo y viceportavoz de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.

Griñán hizo efectiva su renuncia a la presidencia de la Junta de Andalucía el pasado 27 de agosto, tras 15 meses en el cargo, para preservar la Presidencia de la "erosión" del caso de los ERE y propiciar un cambio generacional en la figura de Susana Díaz, su sucesora.