En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya recuerda que Albarracín, que llegó a ingresar en prisión por estos hechos, permanece imputado en la causa por delitos de cohecho, malversación, prevaricación, contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil y asociación ilícita, mientras que, como representante legal de la entidad Permar 21, le fue imputado un delito de blanqueo de capitales.

Y es que, según la instructora, este delito le fue imputado por "la posesión, utilización y en su caso adquisición de bienes procedentes de la actividad ilícita desarrollada como director de Vitalia, fundamentalmente de las sobrecomisiones que percibía procedente de fondos públicos, lo cual se traducía en el pago de una retribución variable" al propio imputado con cuyas ganancias adquirió entre 2006 y 2011 un total de ocho inmuebles.

La juez dice que, en el presente caso, las imputaciones "se han efectuado respetando escrupulosamente los principios constitucionales, exponiendo en las mismas la indiciaria participación del imputado en los hechos investigados, sin que a la fecha actual haya ocurrido hecho nuevo o surgido prueba alguna que desvirtúe las iniciales imputaciones".

Conoció la inclusión de 'INTRUSOS'

Así, Albarracín, como director general de Vitalia, "de hecho o de derecho, habría conocido la inclusión de los múltiples intrusos en la multitud de pólizas de prejubilación en las que habría intervenido en nombre de Vitalia", y en segundo lugar "también sería consciente de la magnitud del exceso de la cuantía de la comisión percibida por dicha entidad con cargo a los fondos públicos, superior en muchos casos al 15 por ciento por encima de la media del mercado y que fue cobrado en cada una de estas pólizas".

La juez añade que, con cargo a dichas sobrecomisiones, "percibiría Albarracín sus retribuciones, cobrando una parte a través de la sociedad Permar, quien habría adquirido a lo largo de la década multitud de inmuebles, que serían poseídos y utilizados por dicha entidad a fecha actual".

Además, "con estas sobrecomisiones millonarias procedentes de fondos públicos", el imputado "ordenaba el pago de comisiones a todo aquel que hubiera facilitado la elección de Vitalia por parte de la Administración", como "es el caso de Juan Lanzas, al que se le haría llegar a través del pago de facturación falsa a la empresa Atrado Mensajería más de dos millones y medio de euros".

Las comisiones "revertían en su patrimonio personal"

A su vez, "resulta indiciariamente acreditado que parte de esas comisiones ordenadas por él como director de Vitalia revertían en su patrimonio personal mediante sobres con dinero que le entregaba entre otros el administrador de Atrado".

La juez dice que, en tercer lugar, la imputación de Albarracín "estaría sustentada en el presunto pago de dádivas efectuado a Guerrero como contraprestación a los servicios por él encargados en nombre de la Consejería de Empleo".

Por todo ello, "y siendo fácil deducir entre otros delitos el de blanqueo de capital y el delito contra la hacienda pública, resulta obvia su permanencia en el procedimiento en calidad de imputado y más aún teniendo en cuenta el resultado de las investigaciones practicadas y declaraciones que se han ido prestando en sede judicial, que no hacen más que corroborar la participación en los hechos investigados de Albarracín", concluye la instructora.