El coordinador de IULV-CA, Antonio Maíllo, está "convencido" de que si el PP llega a conocer las consecuencias de la Ley de Vivienda Protegida y la Ley de Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía, tras las sanciones a bancos por sus incumplimientos en relación al registro de sus VPO, "estaría en auxilio de la banca privada".

En rueda de prensa en Córdoba, Maíllo ha manifestado que "al PP se le olvidó recurrir determinados artículos de la ley", de manera que dichos artículos "siguen en vigor y la ley está para cumplirla", de ahí que "se aplique a los bancos que no pusieron en conocimiento en el registro municipal de demandantes de vivienda sus VPO".

Al respecto, tras subrayar que "los bancos tiene que asumir el cumplimiento de la norma como cualquier otro", valora que la norma tiene "un componente profundamente social", dado que la vivienda "es un derecho básico, y son viviendas protegidas que tienen que estar al servicio de la gente que las demanda".

Por eso, desde IU apoyan la decisión de la Consejería de Fomento y Vivienda, dado que "no se puede permitir que mientras hay gente que es desahuciada, los bancos no cumplan con la norma de poner a disposición de los demandantes las viviendas a través de los registros municipales", apostilla Maíllo.

En el caso de Córdoba, suponen el 12% de toda Andalucía, de las 185 que son objeto de la sanción a ocho entidades, concretamente son 22 en la provincia, de las que nueve están Lucena, cinco en la capital, cuatro en Puente Genil, dos en Aguilar de la Frontera, una en Benamejí y otra en Baena.