Dos personas más han sido detenidas a primera hora de la tarde de este viernes por la Policía en el marco de la operación abierta contra los radicales que protagonizaron los incidentes y agresiones a la Policía tras la Marcha por la Dignidad del 22 de marzo, que se saldó con 21 detenidos y 101 heridos (67 de ellos eran policías), por lo que la cifra total de detenidos se eleva a 11. También hay otras nueve personas imputadas.

Según han informado fuentes policiales, todas las detenciones se han llevado a cabo en Madrid en la primera fase de la operación Puma 70, en alusión al grupo de antidisturbios que sufrió las mayores agresiones en el Paseo de Recoletos.

Entre los detenidos en esta operación, llevada a cabo por la Brigada de Información, hay anarquistas, antifascistas y "bukaneros", a quienes se imputan delitos de desordenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones.

Según las fuentes policiales, para la identificación de los detenidos e imputados ha sido determinante la colaboración ciudadana. Entre los detenidos se encuentra uno que portaba una señal de tráfico, así como el que atacó con piedras a un agente al que previamente le habían quitado el casco.

Uno de los detenidos en esta operación ya se encuentra en prisión. Se trata del joven que el pasado 24 de marzo el juez decretó su prisión provisional al imputarle por un delito de lesiones contra un policía, atentado contra agente de la autoridad y desórdenes públicos.

Los otros 18 detenidos mayores de edad que pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 30 quedaron en libertad, aunque con imputaciones por los delitos de atentado a agente de la autoridad o desórdenes públicos.

Por otra parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional descarta que miembros de Resistencia Galega participaran en los disturbios y ha pedido nuevos informes sobre la posible participación de grupos vinculados al independentismo radical y al anarco-insurreccionalismo.

Fuentes fiscales han informado de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ya tiene informes policiales al respecto que no han trascendido, está trabajando de manera coordinada con la Fiscalía de Madrid. En el caso de que los informes concluyan que los 21 detenidos ese día tienen relación con grupos organizados de ese tipo, la competencia recaería en la Audiencia Nacional porque se trataría de delitos de terrorismo de "baja intensidad" como sería la "kale borroka".