El incidente del carril bus de Aguirre podría costarle entre 100 euros y dos años de cárcel

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre.
La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre.
EFE

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se podría enfrentar a unas sanciones de entre 100 euros y dos años de cárcel por el incidente que protagonizó este jueves con unos agentes de movilidad tras estacionar indebidamente su vehículo.

¿De dónde surgen esas consecuencias legales? De la infracción que cometió la líder del PP de Madrid y de la denuncia que los agentes de movilidad interpusieron ante la Policía Nacional este mismo jueves por desobediencia a la autoridad.

Estacionar en zona prohibida

Este es el caso más claro, reconocido, además, por la propia Aguirre. La expresidenta regional estacionó (ya que abandonó el vehículo) en el carril bus. Según consta en el artículo 56 de la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, punto 11, estos carriles están reservados "al uso exclusivo del transporte público urbano".

Las sanciones son las que establece la Ley de Tráfico, que considera esta infracción como grave y multa con 200 euros, pero sin pérdida de puntos, "parar o estacionar en el carril bus, en curvas o en cambios de rasante, en zonas de estacionamiento reservadas a personas con discapacidad, en túneles, en pasos inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso".

La sanción, si la paga antes de 20 días, se reduciría a 100 euros.

Desobediencia a la autoridad

"En el momento que proceden a notificar la denuncia a la conductora, la misma comienza a realizar maniobras con la intención de iniciar la marcha y haciendo caso omiso a las indicaciones de los Agentes de Movilidad de DETENER el vehículo, golpeando con el lateral derecho del vehículo la motocicleta que se encontraba delante, tirándola al suelo". Así reza el atestado realizado por la Policía Municipal del hecho y parece que sienta las bases para la denuncia de los agentes de Movilidad.

Dichos agentes, aún no siendo policías, sí tienen consideración legal de agentes de la autoridad, por lo que Aguirre pudo cometer una falta o delito de desobediencia a la autoridad. Si es falta, se enfrentaría a una sanción administrativa de 200 euros y 4 puntos, según la Ley de Tráfico. Sin embargo, Mario Arnaldo, presidente de los Automovilistas Europeos Asociados, explica a 20minutos que lo "más probable" es que se considere un delito: "Casi todos los incidentes con agentes de Movilidad en Madrid van por la vía penal".

"Se decidirá si es leve o grave el delito por la intensidad de la desobediencia", asegura Arnaldo. Si es leve, podría enfrentarse de 200 a 2.400 euros, dependiendo del nivel adquisitivo del infractor.

"La posibilidad de un delito de desobediencia grave a la autoridad" se basaría en el artículo 556 del vigente Código Penal que dice que aquellos que "resistieren a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieran gravemente, en el ejercicio de sus funciones serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año", según explica Enrique Torres Gómez, abogado y director de Accidente.pro.

¿Podría haber sido más grave?

El abogado Torres Gómez entiende, por los hechos descritos, que podrían dar "los requisitos para calificarlos como un posible atentado contra la autoridad (artículo 550 del Código Penal)", basándose en la resistencia de Aguirre a ser multada y el derribo de la moto de los agentes. En este caso, la pena podría ser de dos a cuatro años de cárcel y multa de tres a sesis meses. Incluso la condena podría ser aún mayor, si se demostrara la circunstancia de que se "prevaleciera de su condición de Autoridad, agente de ésta o funcionario público".

El director de Accidente.pro tampoco descartaba una posible por "un delito contra la seguridad vial, en su modalidad de conducción temeraria o peligrosa, al poder haber puesto en peligro la vida o la integridad física de las personas que circulaban a la par de ella, y de las fuerzas del orden que le perseguían". Sin embargo el resto de expertos consultados no veía justificada este delito, ya que el atestado policial no describe conductas asimilables.

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