La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha condenado este viernes los graves altercados registrados el pasado sábado en Madrid, una violencia que, ha dicho, supone una "línea roja", atenta contra "las libertades de todos" y debe ser rechazada "sin matices".

"La violencia es una línea que nadie debería matizar ni escatimar condena", ha dicho la vicepresidente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde ha reconocido la labor de las fuerzas de seguridad en su trabajo para garantizar la seguridad y libertad de todos, tanto de los que se manifiestan pacíficamente como de los que deciden no hacerlo.

Sáenz de Santamaría ha asegurado que la violencia "no tiene ninguna justificación", puesto que se trata de una "línea roja", cuya reacción en contra debe ser muy clara: "Tolerancia cero frente a los violentos". "Ahí pocos matices", ha añadido la vicepresidenta antes de reclamar a todas las fuerzas políticas que sean muy claros en condenar estos hechos porque "la violencia no tiene cabida". "Una cosa es manifestarse pacíficamente y otra aprovechar una manifestación para atentar contra los derechos de los demás", ha apostillado.

La vicepresidenta ha calificado de "inadmisible" los disturbios que, en el caso de los registrados en Madrid el pasado sábado tras las Marchas por la Dignidad, fueron de una violencia "absolutamente radical". Contra esos violentos, ha dicho, el Gobierno y las fuerzas de seguridad "actúan, reaccionan y perfeccionan los dispositivos", porque defender el derecho de manifestación consiste en "evitar que los violentos participen en ese tipo de actos".

Por todo, ha insistido en que la condena contra estos hechos se haga con claridad y no de otra forma para que los violentos no puedan tener "el mínimo resquicio" o la "cobertura" de alguien que pueda llegar a entender o cuestionar menos esa violencia. Una cobertura que, ha señalado, no van a tener ni del Gobierno ni de las fuerzas de seguridad, como tampoco, cree, de la sociedad democrática. "Nadie quiere esas escenas en la calle y espero que estemos todos unidos para demostrar que garantizar el derecho de manifestación es también evitar que algunos vayan buscando lo que van buscando", ha añadido antes de concluir que lo visto en las calles de Madrid "es poco edificante".

Por otro lado, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha insistido este viernes en la necesidad de proteger "entornos, que no bienes históricos", en defensa de los intereses de los ciudadanos. Así lo ha señalado la primera edil tras visitar las instalaciones de Platea y después de ser preguntada por un supuesto informe de la Abogacía del Estado, que consideraría inviable la propuesta lanzada por la alcaldesa de acordar espacios en la ciudad en los que se podrían limitar las manifestaciones, como ocurre en París, con tres criterios: los ejes estratégicos de transporte, las áreas de afluencia turística y las zonas históricas.

Ese presunto informe argumenta que una manifestación legal causa el mismo daño al patrimonio histórico-artístico que el tránsito habitual de personas o vehículos, por lo que lo procedente en caso de temer por su conservación sería prohibir por completo el tránsito en dicha zona de forma permanente.

Sin embargo, fuentes judiciales han asegurado que Abogacía del Estado no tiene conocimiento de dicho informe y que ni el Ministerio de Justicia ni el de Interior lo han solicitado. Las mismas fuentes han añadido que podía tratarse de un "documento interno de trabajo". La propia Sáenz de Santamaría también ha indicado que el Gobierno no ha pedido ningún tipo de informe.

Botella, por su parte, ha defendido que "hay que proteger una serie de entornos, que no bienes" y ha añadido que espera que "de este debate abierto salga alguna propuesta que sea buena para Madrid". La primera edil ha insistido en su propuesta de "ordenar" las manifestaciones por el daño que su reiteración en esos entornos históricos-culturales pueden ocasionar. "Cuando me refiero a proteger una serie de entornos me refiero a proteger los intereses de los madrileños y para eso hay que proteger los intereses de los comerciantes, de los turistas, de los restauradores, porque nuestro principal problema es el desempleo", ha añadido.

Mientras, el portavoz del Comité de Coordinación de las Marchas de la Dignidad, Rafael González, ha asegurado este viernes que los incidentes desarrollados en la manifestación del pasado sábado fueron un "montaje" policial "para que los medios hablaran de cargas policiales y no del éxito de las protestas".

"Lo que sucedió es un montaje de las cloacas del Estado, basado en los preceptos de la propaganda de Goebbels, que es inventarse una noticia falsa para tapar la verdad. Las marchas fueron un auténtico éxito, con dos millones de personas contra el Gobierno y los gobiernos de la Troika. No podían permitir que los noticieros abrieran esa noche con ello; por eso hubo cargas policiales y crearon violencia", ha indicado.

De hecho, preguntado por si los violentos que agredieron a antidisturbios eran policías infiltrados han señalado que lo desconocen pero que "algo huele mal". De hecho, el portavoz de la Coordinador ha señalado, metafóricamente, que lo ocurrido fue fruto de algunos que intencionadamente prendieron la mecha en un campo de cereal, "de alguien que vino con una cerilla de calle Génova".