El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha dicho este viernes que su formación respeta todas aquellas decisiones de la juez que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), Mercedes Alaya, quien ha iniciado el proceso de embargo contra la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Álvarez y le ha concedido un plazo de diez días para que designe bienes a embargar a fin de cubrir la fianza de responsabilidad civil de 29,5 millones.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Maíllo ha insistido en que la sociedad andaluza tiene que saber "cuanto antes" la verdad de este "escándalo", con todas las "garantías" y que no se produzca ninguna prescripción que pueda impedir que "presuntos culpables" puedan irse "de rositas". "Eso es algo que nos preocupa mucho", ha añadido el dirigente de izquierdas.

En su opinión, sería también "un escándalo" que personas que pudieran tener responsabilidad en los hechos se "escaparan" por la "lentitud" en el procedimiento de instrucción. Por ello, ha pedido agilidad en la causa y ha reiterado que los procedimientos que decidan los jueces serán "los que ellos consideren".