El Grupo Popular ha rechazado sendas propuestas de acuerdo presentadas en el Pleno de las Cortes por el Grupo Socialista y por el Grupo Mixto para presentar un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocida como reforma local, al considerar que el Gobierno central está cumpliendo "su objetivo de dejar atrás la crisis heredada" tras ocho años de Gobierno del PSOE en el que se prometió mejorar la financiación local "pero no se hizo nada".

Así lo ha aseverado el procurador del PP Juan José Sanz Vitorio durante el debate de sendas propuestas de acuerdo para recurrir al Tribunal Constitucional que han presentado PSOE y Grupo Mixto y que se han debatido de forma conjunta y que han defendido Francisco Ramos y José María González.

Sanz Vitorio ha reconocido que existe un problema "de financiación que limita la autonomía local" del que considera "responsable al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero que durante ocho años "hizo promeras de mejora" que no se llevaron a cabo, al tiempo que ha defendido que esta ley es "tremendamente ambiciosa e innovadoras".

Asimismo, ha recordado que durante su etapa como alcalde "jamás" se quejó de competencias "sino de financiación" de esas competencias y ha querido "desmontar algunas de las mentiras" que el PSOE "repite" de forma reiterada creyendo que "alguna vez se convertirá en verdad" y así ha tachado de "falso" que vayan a desaparecer ayuntamientos, que se supriman concejales, que se eliminen prestaciones sociales o que se privaticen servicios públicos.

Por ello, ha pedido a la bancada socialista que tenga "una actitud más positiva" para poner en marcha los instrumentos recogidos en esta reforma local y en la Ley regional de Ordenación del Territorio "que permitirán mejorar la financiación incondicional" de los ayuntamientos y las entidades locales, ya que, según ha apuntado, ambas leyes "en planos distintos pero compatibles" coinciden en la "voluntariedad para garantizar la prestación de servicios de calidad" a los ciudadanos.

"Les invito—en referencia a Ramos y a González— a que trabajen de forma activa en sentido positivo en la construcción de la Castilla y León del siglo XXI", ha precisado Sanz Vitorio, quien ha recordado que en el texto legal aprobado se recogieron el 95 por ciento de las demandas planteadas por Castilla y León durante el proceso de tramitación.

Por su parte, el procurador socialista Francisco Ramós considera que el recurso al TC es "en defensa de la Constitución y del Estatuto de Autonomía" de Castilla y León pero sobre todo cree que dicho recurso "es un acto de autoestima en defensa del patrimonio institucional y la calidad de vida y formas de autogobierno local" de la Comunidad.

Así, Ramos ha recordado el juramento que hacen los procuradores cuando toman posesión de su acta de defender la Constitución y cumplir y hacer cumplir el Estatuto de Autonomía, por lo que para el socialista el apoyo a esta petición de presentación de recurso de inconstitucionalidad permitirá "comprobar si esa promesa tiene algún valor político".

Virus de efecto diferido

Para el procurador socialista , la reforma local "es un virus de efecto diferido inyectado" con el fin de debilitar el estado social y el estado territorial, "señas de identidad" de la Comunidad, además de que busca "debilitar" los servicio sociales que prestan los ayuntamientos "y todo lo que sea crear futuro desde la política local" y ha augurado que así habrá "dos clases de ciudadanos", los que vivan en municipios con ayuntamientos ricos y los que vivan en pueblos con ayuntamientos pobres.

Asimismo, Ramos cree que la reforma busca acabar con los ayuntamientos y con las entidades locales menores además de que se trata de una ley "centralizadora" de competencias en las diputaciones lo que conlleva "un desapoderamiento del mundo rural" lo que tendrá "consecuencias gravísimas en términos de población" porque los pueblos "se vaciarán un poco más".

Otra de las pretensiones de esta reforma según Ramos es que el Estado acaparará "inconstitucionalmente las competencias regionales en materia local", lo que supone quitar capacidad de decisión y lo hace " al margen de cualquier procedimiento constitucional y estatutario", además de que "deja en suspenso el Estatuto de Autonomía".

Para Francisco Ramos, "la amenaza al sistema local de Castilla y León es igual a la amenaza a lenguas cooficiales propias" de otras comunidades, y se ha preguntado si el PP lo va a tolerar, además de que les ha hecho responsables de "cada cierre, cada recorte o cada despido" que esta ley conlleve.

Por su parte, José María González ha augurado con esta reforma un "desmantelamiento de la democracia local" además de que supone "un ataque claro a la Constitución y al Estatuto de Autonomía" al tiempo que ha explicado que "elimina el poder" de las instituciones más cercanas y traslada a la Junta "unas obligaciones que no vienen acompañadas de apoyo económico".

Por ello, el portavoz del Grupo Mixto cree que esta ley convertirá a los alcaldes "en meros floreros" y ha recordado que la Constitución se asienta sobre tres patas: un Estado central, el estado de las autonomías y el municipalismo, por lo que considera que "cargarse" esta tercera pata supone ir contra "los derechos de los ciudadanos".

Una vez conocida la postura en contra del PP, Francisco Ramos ha recriminado a la bancada popular que hasta hoy no haya hecho una defensa de esta ley y ha asegurado que hoy la defienden "pero no creen en ella y eso se nota" y ha insistido en que la reforma se asienta sobre unos principios "corrosivos" como son "la economía de escala", lo que "perjudica" a la Castilla y León por ser la Comunidad "con más inframunicipalismo" y lo que ha definido como "esa tontería de una administración, una competencia".

"Que pena" ha dicho José María González al saber la posición del PP.