Josep Antoni Duran i Lleida
Josep Antoni Duran i Lleida ATLAS

Un juez de Barcelona ha concluido este martes que Unió Democràtica de Catalunya (UDC) se benefició, al menos, en unos 210.000 euros del desvío de fondos de la Fundació Catalunya i Territori (FCT), afín a la formación, ya que desde 2005 esta entidad le pagó deudas y le libró del alquiler de cinco locales.

Según el auto, desviaron los fondos para "saldar deudas" con una empresa
que había organizado actos para el partido
En un auto, el titular del juzgado número 21 de Barcelona da por finalizada la instrucción de este caso, en el que mantiene imputados, entre otros, al exgerente del partido Josep Maria Núñez, al expresidente de la Fundación Josep Boqué —que fue director general de Consumo en los 90—, y a los vocales Joan Albert López y Miguel Ángel Cortés.

El juez concluye que el exgerente de Unió se puso de acuerdo en 2005 con los vocales de la fundación imputados para desviar fondos de la fundación con el objetivo de "saldar las deudas" por valor de 177.931 euros que el partido democristiano, dirigido por Josep Antoni Duran Lleida, había contraído con la productora Kontrast para la organización de congresos y jornadas.

Pruebas documentales

Durante la instrucción de la causa, el administrador de Kontrast testificó que el entonces gerente de Unió Josep Maria Núñez le indicó que la deuda que había contraído el partido la tenía que reclamar, no a la formación, sino al Grupo IMS, que gestionaban, entre otros, los vocales de la FCT Joan Albert López y Miguel Ángel Cortés.

En la causa figuran pruebas documentales que ponen de manifiesto que las empresas del Grupo IMS llegaron a abonar 116.483 euros a Konstrast, "supuestamente con fondos indebidamente apropiados" de la Fundació Catalunya i Territori, así como 61.448 euros, obtenidos directamente de la FCT.

Venta de inmuebles a UDC

El magistrado también ve indicios de que los responsables de la Fundación renunciaron "en beneficio de UDC" a cobrar desde el año 2005 el alquiler de cinco inmuebles de su propiedad, que Unió tenía alquilados desde 2002 para utilizarlos como sede territorial.

De hecho, el fiscal, en un escrito remitido al juez antes de que diera por finalizada la instrucción, advertía además que en 2009 UDC acabó comprando estos cinco locales en condiciones "anormalmente ventajosas", ya que los adquirió por 478.000 euros, "precio a todas luces sensiblemente inferior al del mercado".

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