La última encuesta Òmnibus que acaba de publicar la Generalitat de Catalunya, elaborada a partir de encuestas a la ciudadanía, revela un alto grado de desconfianza de los catalanes a la justicia.

Según este sondeo elaborado por el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el 81% de los encuestados considera que la justicia es lenta, mientras que un 64% cree que es poco transparente.

«Debería ser el 100% de los ciudadanos los que pensaran que la justicia es lenta», ironiza Oriol Rusca, decano del Col·legi d'Advocats de Barcelona, quien se lamenta de los pocos recursos de que disponen los juzgados. «Si la justicia carece de inmediatez, pierde eficacia», apostilla.

La encuesta del CEO también muestra que el 54% de los ciudadanos opina que la justicia no es independiente, un dato que relativiza José María Fernández, magistrado del juzgado mercantil número 3 de Barcelona.

«La gente valora la justicia a partir de los casos más mediáticos como Gürtel o el de Iñaki Urdangarin, no desde su experiencia personal», asegura Fernández.

Esta percepción de la ciudadanía tan negativa también preocupa a los sindicatos de funcionarios del sector. Daniel Calvo, portavoz de Justicia de la UGT en Catalunya, alerta que un mal funcionamiento de la justicia podría alejar inversiones extranjeras en el territorio por «la falta de seguridad jurídica», una circunstancia que, según él, dificultaría la recuperación económica y la creación de empleo.

Muy pocas medidas han conseguido el rechazo casi unánime de los miembros de la judicatura como la introducción de tasas para acceder a determidos servicios judiciales.

Según denuncia Rusca, el cobro de tasas busca disminuir el colapso de los juzgados a costa de que los ciudadanos con menor renta no acudan a la justicia al no poder hacer frente a las tasas. «Es indignante, atenta contra los derechos de los ciudadanos».

Por su parte, Calvo espera que el Tribunal Constitucional tumbe este decreto ante los recursos que se han presentado, ya que «está alejando al ciudadano de la justicia».

Entre lo que más valoran los catalanes de la justicia, según la encuesta del CEO, está la profesionalidad y la rigurosidad de sus trabajadores.

El 54% de los encuestados –se entrevistó a 1.600 personas entre el 4 y el 17 de diciembre– considera que la justicia es poco eficaz. En este sentido, tanto los sindicatos como los magistrados aseguran que hacen falta más recursos materiales y humanos.

Denuncian que la reducción en personal administrativo y la tardanza en cubrir las plazas vacantes están provocando un creciente deterioro en el sistema.