La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha anunciado este viernes que el Ministerio de Fomento pagará durante el primer semestre de este año más de 60 millones de euros en concepto de expropiaciones en Andalucía, lo que certifica el "compromiso del Gobierno de España de agilizar el pago de la deuda de expropiaciones pendientes de ejercicios anteriores y que mantenían paralizados expedientes de infraestructuras cruciales para el desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma".

En un comunicado, Crespo ha detallado que de esta partida de más de 60 millones, que se está abonando desde enero, más de 40 millones están destinados a tramitar el pago de deudas correspondientes a la Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental, mientras los 20 millones restantes, se destinan a la Demarcación de Andalucía Occidental.

La delegada ha explicado que el esfuerzo está siendo mayor en Andalucía oriental, porque cuenta con dos grandes infraestructuras en plena construcción que acumulaban grandes retrasos en los expedientes, como es el caso de la A32, en la provincia de Jaén o la A-7 a su paso por Granada.

En el caso de la A-32, Crespo ha indicado que para su construcción fue necesario expropiar 2.879 fincas, la gran mayoría de las cuales no estaban valoradas a principios de 2012, tras la llegada del actual Gobierno, por lo que no estaban reconocidas como deuda, "lo que ha obligado al Ministerio a hacer un esfuerzo adicional para reactivar la tramitación de los expedientes de pago".

A este respecto, ha mostrado su confianza en que la encomienda de gestión a una empresa externa para que se haga cargo de la tramitación de los expedientes "agilice su tramitación y resuelva los pagos pendientes".

Por otra parte, ha recordado que para el pago de expropiaciones en la A-7, el Ministerio de Fomento ha destinado, en dos años de crisis económica y en un escenario de restricción presupuestaria, un total de 78,4 millones de euros, mientras que el anterior Gobierno socialista, en cuatro años, destinó a estos pagos poco más de 100 millones.

Por último, la delegada ha agregado que el problema con el que se encontró el Ministerio de Fomento a su llegada es que la mayoría de los expedientes de expropiación se encontraba en una situación de paralización, desde 2008 hasta 2012, sin disponer de la valoración de las fincas. Además, no estaban reconocidos como deuda, y asegura que "el Ministerio de Fomento está trabajando desde el primer momento para solventar esta situación".