El Observatorio de la Salud Mental de Andalucía se ha reunido con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, para definir y proponer medidas alternativas a la "injusta, innecesaria e inconstitucional" reforma del Código Penal que está elaborando el Gobierno de España y que condena al internamiento a perpetuidad de las personas con problemas de salud mental.

Para el ente, según explica en un comunicado, la propuesta de reforma viola la Convención de la ONU de las personas con discapacidad y "arrebata" a las personas con enfermedad mental el derecho a la protección de su salud, a la rehabilitación social y a la reinserción social. Para el movimiento asociativo Feafes, "estamos ante la reforma de los prejuicios, del estigma y del desconocimiento".

El Defensor, subrayan, se ha "unido a la lucha" en defensa de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental de forma manifiesta y ha dado su apoyo "contundente" al Observatorio. "Se está legislando de forma miedosa y de cara a la galería, y eso no se puede permitir", recoge el Observatorio, que indica que, para la Defensoría, el proyecto de ley de reforma del Código Penal da "un paso atrás muy importante", por lo que pide a los legisladores que tengan "un trato directo con la realidad".

La reforma que está debatiéndose en el Congreso de los Diputados supone "un ataque frontal" a los derechos de las personas con trastorno mental en dos sentidos: el primero, porque abre la posibilidad de que una persona pueda ser internada en la cárcel como medida de seguridad permanente a través de la figura de las condenas revisables independientemente de la gravedad del delito, y el segundo, porque relaciona la enfermedad mental con el concepto subjetivo de peligrosidad.

"Medidas como esta ayudan a mantener los prejuicios y dificultan la integración social de este colectivo", ha indicado la entidad, que cree que la prórroga de la medida de seguridad permitiría privar de libertad a un ciudadano por la mera suposición de que pueda cometer un delito en el futuro debido a su diagnóstico, algo que es "claramente inconstitucional" y viola la Convención de la ONU de personas con discapacidad.

"los centros penitenciarios no son adecuados para la rehabilitación"

Por ello, se exige la retirada del término 'peligrosidad' del texto, la eliminación de la figura de medida de seguridad revisable y, junto con el movimiento asociativo, piden que no se prime el internamiento en centros penitenciarios por encima de tratamientos en el ámbito comunitario tanto social como sanitario.

"Los centros penitenciarios no son lugares adecuados para una rehabilitación, el fin de un tratamiento más intensivo debe ser la recuperación de las habilidades de la persona, jamás pueden tener un fin represor de conductas que no han ocurrido o de aislamiento", han manifestado.

La presidenta de Feafes-Andalucía, Concepción Cuevas, ha asegurado que "al hacer oídos sordos" ante las advertencias de inconstitucionalidad y de vulneración de la Convención de la ONU realizadas por expertos juristas "este Gobierno y, en concreto, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sería considerado como un presunto violador de los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental ya que, de aprobarse esta reforma, condenaría al colectivo a quedar sometido al régimen penitenciario por tiempo indefinido al arbitrio la percepción subjetiva que de ellos tengan los juzgadores". Además, ha asegurado que "hay alternativas" como los pisos tutelados o comunidades terapéuticas.