Un abogado colombiano defensor de víctimas de crímenes de Estado anunció este jueves que demandará al presidente Juan Manuel Santos por no acoger las medidas cautelares pedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y firmar la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

En declaraciones a la emisora la FM, el letrado Jorge Molano consideró "inadmisible que un presidente de la República decida desconocer la Constitución política y decida delinquir sin ninguna vergüenza ante la comunidad nacional y la comunidad internacional".

Según Molano, Santos incurrió en el delito de prevaricación por lo que le demandará este viernes ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es la instancia constitucional que puede investigar a los gobernantes en Colombia.

A juicio del abogado, el presidente desconoció 10 sentencias de la Corte Constitucional que advierten sobre el cumplimiento de esta clase de sentencias de la CIDH.

Según el abogado, "el acto del presidente de la República es un acto manifiestamente contrario a la ley, y que sobre dicha base corresponde a un acto de prevaricato que deberá conocer la Comisión de Acusaciones".

El pasado 9 de diciembre, la Procuraduría (Ministerio Público) dictó la destitución e inhabilitación por 15 años de Petro para ejercer cargos públicos, sentencia que Santos hizo efectiva este miércoles.

La Procuraduría acusó a Petro de cometer fallos graves cuando cambió, en diciembre de 2012, el modelo de recogida de basuras de manos privadas a públicas, lo que según la entidad causó una crisis sanitaria en la ciudad.

A la orden de destitución de Petro siguieron numerosos recursos judiciales fallados contra él y las medidas cautelares de la CIDH en su favor, no acogidas por el Gobierno de Santos, que justificó su decisión en que debía "proceder de conformidad con la Constitución y las leyes".

Para reemplazar a Petro, Santos nombró al ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda, quien asumió hoy como alcalde encargado y prometió continuar el plan de gobierno del funcionario destituido.

Históricamente los únicos gobernantes colombianos que han sido escuchados por la Comisión de Acusaciones son los expresidentes Gustavo Rojas Pinilla, Ernesto Samper y Álvaro Uribe Vélez.