Con varios meses de retraso, el Gobierno ha remitido al Congreso las estadísticas de exportación de Material de Defensa y de Doble Uso relativas al primer semestre de 2006, cuyas ventas supusieron 462,6 millones de euros, informaron Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace en un duro comunicado hecho público el martes.

El análisis de los datos oficiales hecho por estas organizaciones sobre las exportaciones realizadas en este periodo constata que armas españolas y productos y tecnologías de doble uso continúan llegando a países en conflicto armado, con tensiones regionales o en los que existen graves y reiteradas violaciones de los derechos humanos, como China, Israel, Colombia, Marruecos e Indonesia.

Poca transparencia

Las ONG dicen que su preocupación por la actuación del Gobierno es aún mayor por la falta de información sobre el tipo de producto exportado, la naturaleza del usuario final y los criterios valorados a la hora de aprobar esas exportaciones.

También critican que el Gobierno español no imite las políticas e transparencia adoptadas por Reino Unido, Alemania y Bélgica y se reafirman en la necesidad urgente de que se apruebe en España una ley que permita conocer y controlar eficazmente las transferencias de armas, y que vaya más allá del proyecto de ley sobre comercio exterior de material de defensa y doble uso presentado por el Gobierno a finales de 2006.

Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace lamentan que una vez más los datos del Gobierno impidan conocer públicamente con exactitud qué tipo de armas se han vendido, a quién y con qué finalidad y, por tanto, realizar un efectivo control del comercio español de armas.

El Ejecutivo tampoco incluye información sobre las ventas autorizadas y todavía no realizadas, que Amnistía considera imprescindibles para ejercer un control previo de las exportaciones de armas, y no sólo a posteriori.

Obuses a Colombia

El comunicado también censura las noticias recientes que habla de una venta a Colombia de obuses fabricados por una empresa asturiana, destinados, según la noticia, a un batallón de artillería del ejército colombiano.

Las ONG dicen que el Gobierno ignora con estas operaciones varios criterios del Código de Conducta de la Unión Europea, por tratarse de un país en el que existe un conflicto armado caracterizado por las graves violaciones de los derechos humanos por parte de todos los actores armados en el mismo (ejército, guerrilla y paramilitares).