El presidente de la Confederación Empresarial Sevillana (CES), Miguel Rus, ha manifestado este miércoles que el conflicto que enfrenta a las administraciones central y autonómica por la reapertura de la mina de Aznalcóllar, cuyo decreto regulador ha sido impugnado por la Abogacía del Estado, es "un ejemplo de lo que no debe pasar" entre administraciones. Al respecto, ha avisado del riesgo de que las inversiones y multinacionales sean "ahuyentadas" al "condicionar a enfrentamientos políticos" inversiones y proyectos tan "trascendentales" como el de Aznalcóllar.

En declaraciones a los medios de comunicación en el marco de la asamblea general anual de la patronal sevillana, Miguel Rus ha señalado el conflicto desencadenado al decidir el Gobierno central del popular Mariano Rajoy formular un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto andaluz que regula la reapertura de la mina de Aznalcóllar, clausurada después de que en 1998, la balsa de residuos de metales asociada al complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), sufriese una fractura con el consiguiente vertido masivo de lodos tóxicos al área de influencia del río Guadiamar.

Conflicto jurídico

Según la tesis del Gobierno central, el mencionado decreto autonómico vulnera supuestamente las competencias estatales porque la Ley de Minas de 1973 y dos reales decretos Ley que se remontan a 1981 y 1982 atribuyen al Estado la reserva de suelos en materia de minería y estipulan la obligación de que la Administración autonómica comunique previamente al estado todo el procedimiento, que actualmente mantiene abierto el concurso internacional relativo a la adjudicación de los derechos de explotación del famoso yacimiento minero.

Mientras las autoridades estatales y autonómicas han anunciado, desde los más altos niveles, una negociación para desbloquear el asunto, pues no en vano la mina de Aznalcóllar cuenta con al menos 35 millones de toneladas de metales pesados listos para ser extraídos, Miguel Rus considera que este conflicto es "un ejemplo de lo que no debe pasar". En ese sentido, ha alertado de las "multinacionales" que, "a nivel internacional", están siendo "ahuyentadas" al "condicionar a enfrentamientos políticos" inversiones y proyectos tan "trascendentales" como la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Se trata, según avisa, de conflictos que finalmente se traducen en "repercusiones internacionales gravísimas".

Tras la ruptura de la balsa en 1998

Como consecuencia de la ruptura de la balsa de residuos de la mina que por aquel entonces explotaba Boliden-Apirsa en 1998, esta multinacional sueca de la minería abandonó la explotación de Aznalcóllar, que sostenía más de 450 empleos estables y cerca de 700 eventuales. Para contrarrestar la contaminación masiva del cauce del río Guadiamar, fue necesario un programa de restauración que ha supuesto el desembolso de aproximadamente 90 millones de euros durante varios años.

A día de hoy, de hecho, la Junta de Andalucía mantiene vivas sus iniciativas para reclamar a la multinacional sueca Boliden el elevado coste de los numerosos y laboriosos trabajos de restauración medioambiental que siguieron a la catástrofe de 1998, toda vez que la mina cuenta con casi 950 hectáreas de superficie y una reserva constatada de 35 millones de toneladas de cobre, plomo y zinc, además de oro y plata, y otros 45 millones de toneladas de probables nuevos recursos.