El director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Luis Naranjo, ha reflexionado este martes sobre el hecho de que en Córdoba capital haya un barrio dedicado a un represor franquista, el rejoneador Antonio Cañero, el cual donó los terrenos sobre los que hoy se asienta la barriada de Cañero, pero que fue también un destacado militante falangista que durante la Guerra Civil creó el llamado 'Escuadrón del Amanecer', participando de forma activa en la represión franquista en Córdoba y su provincia.

Estos y otros datos son los que, a preguntas de los periodistas, ha ofrecido este martes en rueda de prensa Naranjo, durante la presentación en Córdoba del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, a la hora de argumentar que no se puede entender que hoy en día un barrio de la capital cordobesa aún mantenga el nombre de un represor franquista, asegurando que "esto en un país de nuestro entorno no sería posible ahora mismo, así de sencillo".

Así, según ha subrayado, "en Francia no hay una calle que se llame mariscal Pétain o que tenga el nombre del director general que montaba a los judíos en un tren y los llevaba a Auschwitz", para su exterminio, "lo que pasa es que aquí tenemos esa cultura desde la transición y nos parece extraño, pero lo extraño es que existan", de ahí que con la nueva Ley se busque "normalizar la memoria y homologarnos a nuestro entorno europeo, como lo hemos hecho en otros campos". Además, según ha señalado Naranjo, en este caso concreto lo que ocurre es que muchos vecinos de Cañero no saben quien fue Antonio Cañero".

Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Isabel Ambrosio, ha destacado que el desarrollo de la futura Ley de Memoria Democrática implicará "el compromiso y la colaboración de los ayuntamientos", en cuanto a que "se posicionen en los valores democráticos y desechen el fascismo, la xenofobia y todo lo que ha traído consigo este tipo de posicionamientos a lo largo de un periodo largo de nuestra historia".

Ambrosio ha recordado que "eso es lo que pide la Ley, y para eso se crea un censo de fosas, junto con un registro de la memoria democrática", si bien "lo más necesario ahora es la colaboración de los ayuntamientos", en el marco de una nueva norma que responde al compromiso de la Junta con los derechos humanos, con los derechos de las víctimas a la justicia, a la verdad y a la reparación.

A juicio del Gobierno andaluz, la futura Ley de Memoria Democrática que será la más avanzada de todas las que hay en vigor, superando la Ley de Memoria Histórica Estatal, salda una deuda con las víctimas de la represión franquista, con los luchadores por la libertad, por la democracia y con la expresión del pueblo andaluz en su camino a la autonomía plena.

El objeto de la futura Ley es el establecimiento de políticas públicas para la recuperación de la memoria democrática de Andalucía, ampliando el horizonte temporal que marcaba la ley estatal. Además de la II República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia, abarca la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Andalucía, es decir, abarca el periodo del 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982.

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