Los sindicatos UGT, CC.OO, CIG y CSIF han lanzado este lunes un "llamamiento a la sensatez" de la Administración pública gallega para que deje de recurrir la "multitud" de sentencias que dan la razón a personal laboral, mayoritariamente y de todos los sectores, pero también a funcionarios, en el conjunto del Estado, puesto que, según sus cálculos, el gasto en costas judiciales puede suponer unos 25 millones de las arcas públicas de la Xunta de Galicia.

Portavoces de las cuatro organizaciones sindicales han comparecido este lunes ante los medios de comunicación para denunciar que este coste es "una irresponsabilidad política" del Gobierno gallego, que vendría a sumar otros 25 millones a los 25 que, según sus cálculos, se derivarían del reintegro en Galicia de las cantidades de la paga extra de 2012 devengadas entre los días 1 y 15 de julio —en el caso del personal laboral— y el 1 de junio y el 15 de julio —en el de los funcionarios—. El decreto por el que se les suprimió la extra aquel año fue aprobado a mediados de julio.

En concreto, el representante de UGT en el ámbito de los empleados públicos, Luis Suárez, ha cifrado en 300 euros de media lo que debe devolver el Ejecutivo autonómico a estos trabajadores, y en otros 300 euros de media lo que le supone a la Administración recurrir las sentencias. "El señor Gallardón estará encantado", ha ironizado, antes de añadir que, sin embargo, este es un coste "que va a pagar el pueblo gallego".

Pronunciamiento del tc

En este sentido, Suárez y la portavoz de la CIG Carmen López Santamariña han cuestionado que la conselleira de Facenda, Beatriz Muñoz, les trasladase, en la última reunión que mantuvieron con ella, el pasado mes de enero, que la Xunta estaba esperando al pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) sobre la problemática de la paga extra.

"Creen que les va a dar la razón y, además de la desfachatez de ponerle fecha a ese pronunciamiento, si el TC tiene esa osadía, se va a cuestionar el Estado de Derecho", ha indicado López Santamariña, en alusión al principio constitucional, previamente mencionado por el representante de UGT, de la irretroactividad de las normas —por el cual no se puede sancionar a posteriori por un acto que cuando fue realizado no estaba prohibido—.

"no se puede pedir más paciencia"

Por parte de Comisiones, Luz López, del área pública, ha denunciado que el personal laboral, debido a los recursos presentados por la Xunta, "sigue sin cobrar". Así, ha indicado que la consellería les "insinuó" en enero que pidiesen "paciencia" a los trabajadores públicos, para, a continuación, resaltar que "más paciencia a los trabajadores públicos no se les puede pedir".

De este modo, ante su "negativ"a a dejar de recurrir y no devolver de oficio las cantidades correspondientes de 2012, López ha constatado que las centrales sindicales han ido y seguirán "adelante" con las demandas individuales —que son las que pueden interponer los funcionarios, a diferencia del personal laboral, que puede optar por el conflicto colectivo—.

"está archijuzgado"

El presidente de CSIF-Galicia, José Francisco Méndez, ha llamado la atención sobre la situación "caótica" y el coste "brutal" que implica recurrir, ante lo que ha remarcado que lo procedente del reintegro de la extra "está archijuzgado" por magistrados "de todo el Estado".

Por eso, ha instado a Facenda a "terminar con este absurdo" y actuar "con sensatez", puesto que en los próximos días los sindicatos iniciarán 400 nuevos contencioso-administrativos y "hay 70.000 funcionarios en Galicia" que pueden ir por esta vía.