La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha emitido un auto en el que aclara que "ni siquiera como hipótesis de estudio se ha planteado la existencia de responsabilidad" por parte del Parlamento andaluz, quien, según el informe de la Intervención General del Estado, "actuó con estricto respeto a la legalidad".

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya aclara una serie de cuestiones relacionadas con el auto en el que ordenó a los peritos de la Intervención que informen sobre "qué pudo conocer" la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz —actual Comisión de Hacienda y Administración Pública— "sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención General".

De este modo, la juez dice que, en su auto, que fue recurrido incluso por la Fiscalía Anticorrupción, "acotó el objeto de examen a dicha comisión" y no a la totalidad del Parlamento andaluz.

Asimismo, Alaya corrige su decisión anterior y acuerda solicitar a la Secretaría General del Parlamento andaluz una serie de documentación que, en su auto anterior, había pedido a la Junta de Andalucía, ya que la primera "goza de autonomía administrativa".