El portavoz del grupo de gobierno del PSOE en Ourense, José Ángel Vázquez Barquero, y la teniente alcalde y edil de Urbanismo, Áurea Soto, imputada por las obras de la calle Bedoya, explicaron este martes el expediente investigado por el juzgado y ante la citación para declarar "no tiene ningún sentido en un Estado de Derecho que alguien tenga que dimitir". Además, admitió la "posibilidad de errores" en la tramitación ante la premura de no perder una subvención.

En rueda de prensa, la edil de Urbanismo, que también lo era en 2008 durante el gobierno bipartito PSOE-BNG en el momento de adjudicarse las obras ahora investigadas, aludió al trabajo realizado por el entonces edil de Infraestructuras Andrés García Mata, del BNG e imputado también en una lista de nueve políticos, un técnico y tres empresarios a los que el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 llamó a declarar por esas obras.

Vázquez Barquero explicó "la posición del gobierno municipal sobre el auto judicial relativo a las obras de la calle Bedoya" y recordó que en ese auto "no existe declaración de responsabilidad criminal para ninguno de los imputados", por lo que "si se está invitando a los imputados a declarar, no tiene ningún sentido en un Estado de Derecho, que alguien tenga que dimitir".

Por su parte, la edila de Urbanismo señaló que la elección de las tres empresas para el procedimiento negociado "se hizo contando con informe del servicio pertinente que considera que las tres cumplían los requisitos". Preguntado sobre si sabía que eran del mismo grupo empresarial, dijo que tanto ella como los integrantes de la Junta de Gobierno imputados "desconocían eso". "Así que puede haber errores en la adjudicación y de hecho eso se discute ahora pues el tipo de procedimiento no parece adecuado para el juez", ha abundado.

Soto reiteró a lo largo de la rueda de prensa, que en ningún momento de su tramitación, el expediente incluyó ningún informe con reparos o contrario al procedimiento.

"no hubo daño"

"Sí sabemos que no hubo advertencias ni alertas en el expediente, en ninguna de las tres ocasiones en las que fue a Junta de Gobierno, desde la primera el día 4 de septiembre, para su aprobación provisional, hasta la aprobación definitiva de la adjudicación, y las obras están hechas y en funcionamiento, y el coste adjudicado de 592.793 euros pasó a 563.000 de coste final, tras una tramitación y pago fiscalizada y sin reparos", detalló.

Leyó luego en voz alta parte del auto judicial de archivo de la denuncia contra el conselleiro de Infraestruturas, Agustín Hernández, por una obra de Pontevedra: "La administración logró que una obra pública no se frustrara y sin detrimento alguno para las arcas públicas, y se aseguró de la recepción de la obra y no hubo daño alguno para el bien jurídico protegido", y la situación, según dijo Áurea Soto, es la misma.

"Se trata de un ámbito complejo y colaboraremos con la Justicia, porque no puede ser de otra manera, pero también es verdad que las cosas ya cambiaron mucho y seguirán haciéndolo", ha sostenido. Además, explicó después que, "tras las denuncias de DO" de estas obras de la calle Bedoya y otras dos que le afectan como edil de Urbanismo "hay que ser más escrupuloso y se decide incluso perder subvenciones si no se puede asegurar que el procedimiento cumple todas las garantías porque esto que sería un tema habitual en el contencioso, ahora se prefiere llevar a los penales aunque sea 5 años después".

Soto admitió que será el juez "quien estime si el procedimiento negociado y sin publicidad fue el adecuado, y la responsabilidad del entonces concejal era no perder esa subvención de 580.000 euros de la Xunta", remató.

Estudio psicoanalítico

Por su parte, el portavoz socialista Vázquez Barquero respondió a una pregunta sobre la petición de dimisión planteada por el PP para el alcalde de Ourense, Agustín Fernández, y las ediles Áurea Soto y Margarita Martín, imputados por formar parte de la Junta de Gobierno que aprobó la adjudicación de las obras en 2008.

"No haré un estudio psiconalítico de los motivos del PP para hacer o no hacer, decir o no decir, ni por qué defiende en Santiago una cosa y todo lo contrario en Ourense, ellos tendrán que dar explicaciones del porqué", indicó.

"Sí tengo que recordar que en este auto judicial se habla de que el carácter de imputados no supone más que un llamamiento al proceso con todas las garantías que la ley establece", para que se personen y puedan declarar "sin que suponga declaración alguna de responsabilidad criminal", leyó y repitió.