La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ha incrementado el año pasado, en relación a 2012, un 39% las demoliciones por infracciones de la normativa, hasta alcanzar las 100, y ha aumentado un 56% los expedientes de reposición iniciados, hasta los 301.

El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, y la directora de la APLU, María Martínez Allegue, han presentado este martes el balance de la actividad de la Axencia en 2013 y han destacado que "se incrementa año a año la eficacia para el cumplimiento de la legalidad".

En total, el año pasado se resolvieron 243 expedientes, lo que supone un aumento del 30% en relación a 2012. En este sentido, Martínez Allegue ha indicado que se da prioridad a las obras en construcción y a los casos denunciados por ayuntamientos adheridos a la APLU —son 72 actualmente—.

De las 100 demoliciones ejecutadas en 2013, la mayor parte fueron acometidas por los propietarios o responsables de las obras y solo tres por la Xunta —en caso de que no se reponga la legalidad, el Gobierno gallego hace la demolición, a costa del particular—.

Hernández ha destacado que el objetivo de la Axencia "no es recaudatorio", sino la reposición de la legalidad. "Se está consiguiendo con éxito que el respeto por el medio ambiente sea cada vez más una seña de identidad de la acción urbanística de las personas y los ayuntamientos". En este sentido, ha destacado que es "necesaria" la concienciación "ciudadana y política" para que los ilícitos disminuyan.

Con el trabajo de la APLU, ha incidido, se avanza para "terminar con la impunidad" que existía en el ámbito urbanístico y "acabar con el famoso 'tú vete haciendo', que era una actuación común y ahora cada vez es menos normal".

La mayor parte de las infracciones corresponden a edificaciones en suelo rústico que carecen de licencia municipal y de autorización autonómica, han apuntado en la rueda de prensa, en la que la directora de la Axencia ha destacado que, además de las revisiones que los inspectores realizan de oficio, este ente actúa cuando recibe denuncias de ciudadanos, de municipios y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Martínez Allegue ha indicado que una vez que se incoa un expediente se distingue entre los casos en los que la obra es legalizable y los que derivan hacia una demolición.

MULTAS

En las ejecuciones forzosas las resoluciones de los expedientes establecen un plazo para reparar el ilícito y, una vez vence, la Axencia comienza a imponer multas coercitivas, con una cuantía que oscila entre los 1.000 y los 10.000 euros. El importe se determina en función del "grado de incumplimiento". En 2013 se impusieron 417 multas de este tipo, un 42% más que el año anterior.

Martínez Allegue ha indicado que las sanciones —que ascienden como mínimo a 60.000 euros o 333.333 si hay agravantes— pueden verse reducidas en un 80% en el caso de que el responsable cumpla la orden de demolición.

La recaudación de la Axencia por las multas ascendió en 2013 a 1,24 millones de euros, una cantidad inferior a la de 2012, cuando llegó a los 1,97 millones, debido, según Hernández, a las disminuciones aplicadas como consecuencia de los derribos voluntarios.

"la misma decisión y energía" en cualquier ilícito

El conselleiro ha defendido que la Xunta actúa "con la misma decisión y energía" en cualquier ilícito urbanístico y aplica "criterios homogéneos y equitativos". Así ha contestado, al ser preguntado acerca de si los ciudadanos pueden tener la percepción de que no se demuelen grandes edificios, sino casas unifamiliares o galpones.

No obstante, ha indicado que se toman "decisiones distintas" según las actuaciones cuenten con licencia municipal o no o según tengan la autorización autonómica o no. Además, la Xunta "tiene que respetar los plazos" administrativos y judiciales, ha dicho.