El Grupo Popular presentará el lunes una denuncia contra el Gobierno español y la eléctrica italiana Enel ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por presunta concertación y supuesto uso de información privilegiada para frustrar la opa del grupo alemán E.ON sobre Endesa.

Enel ha entrado en Endesa de la mano del Gobierno

El PP está convencido de que ha existido concertación entre Enel y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dos de los principales accionistas de Endesa, lo que está prohibido por la legislación española y obligaría a la compañía italiana a lanzar una opa sobre el cien por cien del capital.

El Grupo Popular considera que Enel ha entrado en Endesa "de la mano" del Gobierno y que el Ejecutivo ha cometido "una serie de ilegalidades" en esta operación, por lo que entiende que la CNMV debe "tomar cartas en el asunto", según explicó su portavoz adjunto, Vicente Martínez-Pujalte.

Las reuniones entre el consejero delegado de Enel y Clos

El PP basa sus acusaciones en las reuniones que el consejero delegado de Enel, Fulvio Conti, mantuvo el pasado 16 de febrero con el ministro de Industria, Joan Clos, y con el director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, David Taguas, reveladas por la eléctrica italiana en una comunicación remitida a la CNMV.

De hecho, el Grupo Popular ha pedido la comparecencia en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de Clos y Taguas y del presidente de la CNMV, Manuel Conthe.

El Gobierno ha negado que en los encuentros se planteara la entrada de Enel en el capital de Endesa

El Gobierno ha reconocido la existencia de esos encuentros, pero ha negado que en ellos se planteara la entrada de Enel en el capital de Endesa.

La participación alcanzada por la eléctrica italiana hace prácticamente imposible que la Junta de Accionistas de Endesa pueda suprimir el próximo 20 de marzo los blindajes estatutarios, condición a la que está supeditada la opa de E.ON.

Para modificar el artículo 32 de los Estatutos, que limita al 10% los derechos políticos de cualquier accionista, es necesario el respaldo de más del 50% del capital.

Si Enel, la SEPI y Acciona no votan a favor de levantar los blindajes, el grupo alemán necesitaría una participación cercana al cien por cien en la Junta, porcentaje al que nunca se ha llegado.