El exconcejal —por entonces del BNG, organización que dejó— responsable de Infraestructuras en el gobierno municipal de Ourense de 2008, Andrés García Mata, ha asegurado que no había "reparo alguno" por parte de los funcionarios en la adjudicación de la obra de la calle Bedoya, por la que ha sido llamado a declarar junto al resto de la junta de gobierno local.

García Mata es uno de los nueve políticos llamados a declarar, junto con un funcionario y tres empresarios, por la adjudicación de las obras a la empresa OCA S.A., aprobadas por unanimidad en una junta de gobierno y a la que no se puso "reparo alguno" por parte de los funcionarios.

García Mata formaba parte del Gobierno bipartito PSOE-BNG, la mayor parte de él imputado ahora por el titular del juzgado de instrucción número 2 de Ourense, y ya prestó declaración hace tres semanas en el mismo juzgado al que deberá volver el día 2 de abril, también en calidad de imputado.

En declaraciones a Europa Press, García Mata, ha detallado que en la junta de gobierno local de octubre de 2008, se aprobó "por unanimidad la adjudicación de las obras de la calle Bedoya, tras un proceso negociado en el que concurrieron tres empresas, y ganó OCA S.A., por ser la que presentó el presupuesto más barato y el proyecto con más mejoras".

Urgente por subvención

Al respeto, aludió al procedimiento de adjudicación, tras un trámite negociado, sin publicidad y urgente, ha explicado, "igual que en el juzgado hace tres semanas", que había una subvención de la Xunta "que se podía perder pues había que tener certificado el 40 por ciento de la obra a finales de ese mismo mes, y la única forma de no perderla era hacerlo así", ha concretado.

Añadió que el procedimiento "no contó con ningún tipo de reparo", y creyó recordar que sí hubo reparos del interventor "a la hora de pagar la obra, mucho después, pero es habitual que ocurra así". "Había una causa objetiva para hacerlo así", ha agregado.

"no aparece expresa y motivada"

Según el auto judicial con fecha del lunes 10 de marzo, el expediente de adjudicación de la obra "deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada".

En el caso de la calle Bedoya y de la tramitación investigada "no aparece una declaración expresa y motivada como tal, limitándose a figurar esta declaración en el pliego de cláusulas administrativas", según el auto.

"El carácter urgente sólo afecta a la reducción de plazos y no suprime el requisito de publicidad", dice el auto judicial.

El expediente, según el juez, continuó hasta contar con el pliego de licitación redactado por el funcionario imputado, jefe del Servicio de Infraestructuras.

La junta de gobierno del día 6 de septiembre de 2008 aprobó por unanimidad el pliego de licitación presentado por la Concejalía de Infrasestructuras, responsabilidad de García Mata.

Según el auto judicial, en la resolución de la junta de gobierno "concurren indicios racionales de criminalidad contra sus integrantes por aprobar una resolución que vulnera la legalidad por lo que pueden resultar responsables de un delito de prevaricación".