La CEV aboga por el diálogo y la concertación social para garantizar la estabilidad financiera del sistema de pensiones

La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) ha abogado este jueves por abrir una mesa de diálogo y concertación social, a través de la organización nacional CEOE, que permita garantizar la "estabilidad financiera" del sistema de pensiones en un escenario en el que el Gobierno prevé para este ejercicio presupuestario un déficit en la Administración de la Seguridad Social del 1,1 por ciento en términos de PIB.
Miralles en la jornada de la CEV.
Miralles en la jornada de la CEV.
CEV
Miralles en la jornada de la CEV.

La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) ha abogado este jueves por abrir una mesa de diálogo y concertación social, a través de la organización nacional CEOE, que permita garantizar la "estabilidad financiera" del sistema de pensiones en un escenario en el que el Gobierno prevé para este ejercicio presupuestario un déficit en la Administración de la Seguridad Social del 1,1 por ciento en términos de PIB.

Según ha informado la patronal en un comunicado, este déficit se suma a los registrados desde el ejercicio 2011, lo que ha obligado a disponer de 23.631 millones de euros, no sólo del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, sino también del nuevo Fondo de Prevención y Rehabilitación, a disposición de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, por un importe de 4.960 millones de euros. Según las previsiones, se seguirán afrontando cierres deficitarios hasta el ejercicio 2016.

La CEV y Unión de Mutuas han celebrado este jueves la jornada 'El Sistema de Pensiones tras las últimas novedades legislativas: del Pacto de Toledo al Factor de Sostenibilidad', para analizar los aspectos más relevantes que afectan al sistema de pensiones, y entre ellos, su estabilidad financiera, teniendo en cuenta la situación de las cuentas de la Seguridad Social, el incremento del gasto en pensiones y las proyecciones de evolución de este gasto en función de la demografía.

El secretario general de la CEV, Ricardo Miralles, ha emplazado al Gobierno a abrir "con urgencia" una mesa de diálogo estable que debata distintas propuestas de mejora del sistema. Entre ellas, las organizaciones empresariales apuestan por la aplicación "eficiente" del principio de contributividad de las pensiones; la amortización gradual de las jubilaciones anticipadas; la evaluación de la financiación mediante impuestos de determinadas prestaciones o gastos; y la figura de la previsión social complementaria, para la que se propone incentivos en forma de promoción de sistemas privados complementarios a las pensiones públicas, ya sea a través de fondos o seguros privados.

Por su parte, el catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Valencia José María Goerlich ha trazado un recorrido histórico por el sistema de pensiones español desde el Pacto de Toledo de 1995 hasta la actualidad y se ha detenido a analizar su viabilidad presente y futura, teniendo en cuenta los avatares políticos, la crisis económica y la evolución demográfica.

"racionalizar" el gasto público

Goerlich ha recalcado la necesidad de "racionalizar" el gasto público en función de la evolución del mercado de trabajo y el impacto de las nuevas exigencias demográficas, y ha subrayado que "el control del gasto, el incremento de la contributividad y el ajuste de las prestaciones deberán estar presentes en las futuras decisiones sobre la materia".

Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) en Valencia, Susana Lejarreta, y los responsables de la Sección de Jubilación del Instituto han realizado un repaso de todas las modalidades de jubilación vigentes, deteniéndose especialmente en la jubilación ordinaria, la anticipada, la parcial y la flexible.

La directora de Unión de Mutuas, María Ángeles Capilla, ha destacado la "contribución eficiente" que realizan las mutuas a la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social, y ha destacado que durante el último ejercicio "la Mutua ha ingresado 7,3 millones de euros a la Tesorería General de la Seguridad Social", un dato que "avala la buena gestión basada en el control y reducción del gasto y afianza la mejor cobertura sanitaria del colectivo empresarial y a los trabajadores".

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