El concejal del grupo municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Raúl Ariza, ha informado de que han contabilizado doce faltas muy graves de FCC Parques y Jardines que podría suponer la rescisión de la contrata.

Según se recoge en los pliegos de la licitación si en dos años se registran tres faltas muy graves podría dar lugar al inicio de la rescisión del contrato de este servicio municipal o la pérdida de la fianza.

"A nosotros nos sale una docena de faltas muy graves", ha contabilizado Ariza, que atañen "a la no prestación del servicio contratado" y que afectan tanto al personal asignado, como a la antigüedad de los vehículos o el destino de la cuantía presentada en la oferta para acometer mejoras".

En rueda de prensa, Ariza ha expuesto un informe elaborado por la militancia de IU en Zaragoza sobre el estado de ejecución de esta contrata en el Parque Bruil, en el que se incluyen 135 fotografías que exponen "deficiencias" respecto al estado de la zonas verdes "sin hierba"; alcorques vacíos; "grandes agujeros en el pavimento"; rotura de la valla que bordea el río Huerva a la altura del canódromo; y pintadas en casetas, carteles indicadores y fuentes, entre otros desperfectos.

"LAMENTABLE"

"La situación es lamentable", ha aseverado Ariza para precisar que "creemos que se ha superado el máximo de incumplimientos, pero serán los técnicos municipales lo que lo tengan que dictaminar", motivo por el que demandan una auditoría que comprenda también la comprobación de las certificaciones "que FCC quiere cobrar".

Ariza ha anunciado que presentará una moción en la que IU exigirá la "máxima dureza en el cumplimiento del pliego de condiciones de la contrata y la ley de contratos de la administración pública" para apuntar que también se convocará una reunión extraordinaria del Observatorio municipal de la contratación para "verificar la situación de las contratas y, en especial, la de FCC".

A su parecer, "hay suficientes razones para sospechar que no se cumple la contrata" de Parques y Jardines y ha exigido conocer quién recepcionó a fecha 1 de enero pasado las zonas verdes y qué análisis se hizo.