Los portavoces de los grupos municipales del BNG y del PSOE de Santiago de Compostela han pedido la dimisión de los siete ediles concejales imputados por un delito de prevaricación, por decidir que el Ayuntamiento costease la defensa del edil de Deportes, Adrián Varela, tras su imputación en la 'Operación Pokémon'.

La petición de la Fiscalía se dirige contra Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Francisco Noya y Luis García Bello, los siete que, en la Junta de Gobierno Local del 30 de mayo de 2013, aprobaron que el Consistorio asumiese la defensa de Adrián Varela.

En declaraciones a los medios, el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Santiago, Rubén Cela, ha considerado que se trata de "una gota más en un vaso que ya rebosaba" y que reafirma "lo que viene pidiendo el BNG desde hace más de un año", que la dirección del PP y en especial a Alberto Núñez Feijóo "tome medidas de una vez".

En este sentido, Cela ha advertido que "lo único que no se podría soportar" es que "no pase nada" ante esta situación y ha reiterado su petición de "dimisión de todos los concejales y concejales imputados en casos de corrupción o de malas prácticas especialmente graves".

El portavoz municipal del BNG ha recordado que hay "seis causas judiciales diferentes abiertas" sobre la mesa y un ejecutivo local con "diez de sus trece miembros imputados en alguna causa judicial", por lo que ve al equipo de Ángel Currás "absolutamente desacreditado, deslegitimado" y "desprestigiado" para gestionar el día a día de Santiago.

Asimismo, ve una decisión "equivocada" no dimitir o recomendar no hacerlo, y evidencia un "problema gravísimo" de percepción sobre la opinión ciudadana, que "es clarísima". "Es un error contestar a esa preocupación ciudadana con un portazo", ha añadido, para recordar que "un Gobierno serio debe "dar una explicación", pedir "disculpas" y "asumir responsabilidades".

"el peor escenario" para la ciudad

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Francisco Reyes, ha señalado que "se ha producido el peor escenario que se podía esperar" para el nombre de Santiago, que es que por primera vez en la historia democrática de la ciudad se "procesa a una junta de Gobierno".

En este sentido, ha considerado que "el mejor servicio que le pueden prestar" a Santiago es "presentar la dimisión y, por tanto, dejar el ayuntamiento", lamentando que la ciudad sigue "abriendo las noticias" con situaciones "absolutamente negativas" y "vinculadas a irregularidades".

Al respecto de las declaraciones que consideraban que esto no es un caso de corrupción, Reyes ha advertido que "ya no es momento de dar vueltas a la cuestión" sino de tomar decisiones, siempre respetando "la presunción de inocencia".

Así ha recordado el artículo 404 del Código Penal sobre el concepto de prevaricación que indica que "siempre que a sabiendas de su injusticia dictara una resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará con la pena de inhabilitación de empleo o cargo público por un tiempo de 7 a 10 años". Por ello, aclara que "no se puede mezclar" la resolución arbitraria "con el asunto administrativo".

Financiación irregular

Preguntado sobre las informaciones que apuntan a una posible financiación irregular de PSOE y PP, Reyes ha considerado que se trata de "lo mismo" que se ha publicado "hace 15 días", que es una conversación telefónica entre Gerardo Conde Roa y Ángel Espadas, "dos rivales políticos" y con alguna "condena penal".

Por ello, considera que "no hay variación en esa situación" y que, con la documentación a la que tuvo acceso, mantiene su "expectativa" de que se archiven las diligencias con el avance de la investigación judicial.

Sobre esta cuestión, Rubén Cela ha considerado que se trata de informaciones "gravísimas" y ha esperado que la Justicia llega a las "conclusiones oportunas" que den "luz" sobre estas acusaciones. "Veremos cuales son los indicios que maneja la Justicia y en que concluyen".