Su abogado, Ignacio Fernández, aseguró a 20 minutos, que la desconexión es «cuestión de semanas» al no quedar ningún escollo legal por superar.

Y es que la Junta ya ha dicho que garantizará el derecho de Inmaculada a no usar el respirador.

Lo ha hecho tras conocer los dictámenes favorables del Comité Autonómico de Ética y del Consejo Consultivo de Andalucía.

Éste último, hecho público ayer, mantiene que la desconexión es un caso de eutanasia pasiva indirecta que no puede ser considerado como delito para los médicos que la lleven a cabo.

No obstante, la decisión del Consultivo contó con un voto en contra, el de José Antonio Sánchez Galiana.

Este experto en Derecho Financiero y Tributario explica en su voto personal que «no existe ninguna regulación constitucional que reconozca el derecho a la muerte».

La decisión del hospital

Pero el centro en el que está ingresada Inmaculada, el Hospital San Rafael (religioso) puede negarse a retirarle el respirador, alegando objeción de conciencia.

Su personal y los responsables del Hospital Clínico se reúnen mañana para acordar en qué centro médico se efectuará la desconexión.

La decisión de la Junta ha abierto un debate social en el que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha pedido «serenidad».

El Consejo Andaluz de Colegios Médicos ha apelado a la «conciencia, ética y moral» de los facultativos que siempre han trabajado para la conservación de la vida.

La Iglesia, en la voz del cardenal arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo, se ha declarado «abiertamente en contra de cualquier tipo de pena de muerte, sea por ley o autoadministrada».