Cecale y Feacyl recuerdan que para consolidar la bajada "urge" la aplicación de las medidas para inyectar crédito

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) y la Federación de Autónomos de Castilla y León (Feacyl) consideran que la reducción del número de parados en Castilla y León durante el mes de febrero apuntan a una leve mejoría, pero que "no se puede obviar que Castilla y León, además de ser una de las seis Comunidades Autónomas con valores negativos en afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, es la que peores resultados registra".

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) y la Federación de Autónomos de Castilla y León (Feacyl) consideran que la reducción del número de parados en Castilla y León durante el mes de febrero apuntan a una leve mejoría, pero que "no se puede obviar que Castilla y León, además de ser una de las seis Comunidades Autónomas con valores negativos en afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, es la que peores resultados registra".

Por ello, ambas organizaciones insisten en que aunque los datos publicados este martes por el Ministerio de Empleo suponen "un respiro" para el mercado laboral, "queda mucho por hacer", por lo que "no hay que relajarse y que hay que culminar las reformas estructurales pendientes".

En este sentido, han recordado, a través de un comunicado remitido a Europa Press, que "deben impulsarse con agilidad las nuevas medidas del Gobierno nacional encaminadas a inyectar liquidez en las empresas, cuestión que será vital para la reactivación de la economía y, con ello, también la creación de empleo".

Cecale y Feacyl han insistido también en la necesidad de profundizar en la reforma laboral en el sentido de "aumentar flexibilidad, reducir la fiscalidad al empleo y aumentar la productividad".

Por último, con respecto a la reforma tributaria, tanto Cecale como Feacyl confían en que el nuevo marco que se establezca "ha de ser claro y estable" y, además de conllevar "una reducción de la presión fiscal", ha de "favorecer el emprendimiento, la inversión productiva y aportar la necesaria seguridad jurídica".

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