El Supremo abre juicio oral al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha abierto juicio oral por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa al senador y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, al exconcejal Guillermo Núñez y al director general de Organización y Régimen Interno, Joaquín Castro Brunetto, por el 'caso García Cabrera', según una resolución hecha pública hoy lunes.
Miguel Zerolo
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EUROPA PRESS
Miguel Zerolo

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha abierto juicio oral por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa al senador y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, al exconcejal Guillermo Núñez y al director general de Organización y Régimen Interno, Joaquín Castro Brunetto, por el 'caso García Cabrera', según una resolución hecha pública hoy lunes.

La apertura de juicio oral se produce apenas una semana después de que el alto tribunal haya rechazado el recurso de apelación interpuesto por el político canario, en el que pedía el sobreseimiento de la causa judicial abierta por este caso.

Los hechos se remontan al año 2003, cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz decidió acometer obras de acondicionamiento en el edificio de oficinas municipales de la calle General Antequera y habilitó como sede provisional el antiguo Instituto Hermanos García Cabrera, en el barrio de Ofra.

Los trabajos de remodelación del edificio fueron autorizados en el año 2005 y se llevaron a cabo por la empresa que se ocupaba del mantenimiento de colegios y edificios municipales en virtud de un contrato de servicios que el alto tribunal considera de "muy discutible" vigencia jurídica.

Según recoge el auto, las obras comenzaron a finales de marzo de aquel año a pesar de que la envergadura del encargo superaba "claramente" el objeto del contrato de servicios, y pese a carecer de proyecto, presupuesto y soslayando los principios de publicidad y libre concurrencia, y sin siquiera encargo escrito de realización de los trabajos.

La resolución del Supremo reconoce que el exalcalde ordenó el pago de facturas y la ejecución de las obras "fuera de las previsiones legales" y advierte de la existencia de dos informes que sugieren que la actuación se hizo fuera del ámbito normativo que debe regir la actuación de la administración.

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