La juez de lo Penal número 8 de Sevilla ha rechazado la petición del acusado de provocar el 30 de octubre de 2011 un accidente mortal en el que falleció una pareja para que suspendiera su ingreso en prisión mientras se resuelve su petición de indulto al Gobierno central tras la sentencia que lo condenó a cuatro años de cárcel.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la juez ha rechazado en un auto la solicitud planteada por el abogado del acusado, Javier S.R., al entender que la concesión del indulto "es improbable" dada "la gravedad de los hechos", todo ello en una resolución en la que no pone fecha al ingreso en prisión.

Tras ello, el letrado del condenado ha recurrido la decisión de la juez en un escrito en el que insiste en pedir la suspensión del ingreso en prisión mientras se tramita el indulto.

Hay que recordar que el abogado del condenado pidió el indulto alegando para ello que su patrocinado dispone de trabajo estable desde hace tiempo, cuenta con buenos informes sociales realizados por el Ayuntamiento de Coria del Río y es voluntario de ONG.

De igual modo, el letrado de la defensa alega en su solicitud de indulto que Javier S.R. se ha sometido desde el inicio del procedimiento a programas de desintoxicación de alcohol, y de hecho actualmente sigue uno de estos programas.

Fuentes del caso consultadas por Europa Press han indicado que la juez ha citado este martes a las familias de los fallecidos "para ser oídas sobre qué tienen que alegar" a la petición de indulto.

La audiencia confirma la condena

Recientemente, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial confirmó la condena de cuatro años de prisión impuesta al acusado al considerar probado que se saltó dos semáforos en rojo y que conducía bebido y a una velocidad superior a los 98 kilómetros por hora en el momento del siniestro.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Tercera rechazó los recursos interpuestos tanto por la defensa como por la acusación particular —recurso éste al que se adhirió la Fiscalía para pedir elevar la pena de cuatro a cinco años de prisión— contra el fallo del Juzgado de lo Penal número 8, que condenó al procesado a cuatro años de cárcel por dos delitos contra la seguridad vial en concurso con dos homicidios imprudentes.

El abogado del imputado recurrió al considerar "chapucera e ilegal" la prueba de alcohol a la que fue sometido su cliente, quien arrojó un resultado de 2,11 gramos de alcohol por litro de sangre —en una primera prueba realizada por la Policía con un etilómetro de aproximación arrojó 0,89 mililitros de alcohol por litro de aire espirado—, mientras que también cuestionó las declaraciones de los dos testigos presenciales de los hechos y los informes de la Policía Local relativos a la velocidad a la que circulaba el acusado y la secuencia semafórica.

De este modo, el letrado alegó en el juicio que no existía prueba objetiva fiable de la ingesta de alcohol, ya que la extracción de sangre no reunió las garantías suficientes, pues "se le extrajo sangre en dos ocasiones" con fines "exclusivamente médicos" y "se le desinfectó la zona con alcohol", lo que hace que la prueba sea "completamente inválida", todo ello al mismo tiempo que planteó una posible ruptura de la cadena de custodia.

No se rompió la cadena de custodia

La Audiencia asevera que "nada se puede objetar sobre la valoración como indicio del primer resultado" obtenido con el etilómetro de aproximación, punto en el que recuerda, no obstante, que "la prueba de impregnación alcohólica puede dar lugar, tras ser valorada conjuntamente con otras pruebas, a la condena del conductor del vehículo, pero ni es la única prueba que puede producir esta condena ni es una prueba imprescindible para su existencia".

Al hilo, la Sala añade que, en este caso, "son incuestionables los síntomas apreciados —fuerte halitosis alcohólica y somnolencia— como compatibles con consumo abusivo previo de bebidas alcohólicas", a lo que se suma que "no se puede poner en duda que se comunicó al médico la finalidad de la extracción" y que la muestra sanguínea sacada en el hospital que fue usada para la prueba de alcoholemia "quedó guardada en el frigorífico de emergencia y entregada a la Policía sin interrumpir la cadena de custodia y fue identificada inequívocamente como el paciente".

Por ello, "no se puede poner en duda la eficiencia en el servicio médico porque no se haya ratificado que se actuó respetando en esencia el protocolo establecido", agregando que "la experiencia de este tribunal en otros muchos casos que analiza es que el Instituto Nacional de Toxicología es muy riguroso en la recepción de muestras y cuando recibe alguna con anomalías o defectuosa lo hace constar en su informe", según la sentencia consultada por Europa Press.

Consumo "abusivo" de alcohol

"El fuerte olor a alcohol, acreditado por la versión de los policías que tomaron contacto con el acusado, no es más que un dato más que acredita el consumo previo y abusivo de alcohol, por lo demás inicialmente reconocido por el acusado", dice el tribunal, quien señala que todo ello "lleva a la conclusión de que, pese al enorme esfuerzo dialéctico desplegado" por la defensa, "no existe ningún hecho indiciario del que deducir que, en la extracción, conservación, transporte y análisis se cometió algún defecto que pueda comprometer el resultado de la muestra sanguínea, que se da por probado".

La Sala también acepta la conclusión del informe policial según el cual el acusado circulaba a una velocidad mínima de 98 kilómetros por hora en una vía limitada a 50, y no admite lo alegado por la defensa en cuanto a que el conductor del coche donde viajaba la pareja emprendiera la marcha antes de que su semáforo se pusiera en verde.