Andalucía ocupa el primer puesto en el ranking de comunidades autónomas morosas en España, con 347 millones de euros a cierre de 2013, un 11,47 por ciento más que en 2012, según los colegios de administradores de fincas.

Según datos del Observatorio de Comunidades de Propietarios, de esos 347 millones de euros, 66 millones corresponden a morosidad bancaria, de forma que el 55 por ciento de comunidades de propietarios tiene imposibilidad de asumir derramas. De esta forma, Andalucía ocupa también el primer puesto en morosidad bancaria.

Por provincias, Málaga es la provincia con más morosidad entre las comunidades de vecinos, con 74 millones de euros; seguida de Cádiz, con 54 millones de euros; Sevilla, con 52 millones; Granada, con 43 millones de euros; Almería, con 39 millones; Córdoba, con 36 millones de euros; Huelva, con 25 millones de euros; y Jaén, con 24 millones de euros.

El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, Rafael del Olmo Garrudo, ha presentado este jueves, junto con José Feria Moro, vicepresidente segundo y José Luis García González, secretario, el balance de la situación de la vivienda administrada en Sevilla durante el 2013.

El Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla ha trasladado su preocupación por la creciente morosidad. Concretamente, en Sevilla esta deuda ha aumentado unos cinco millones de euros con respecto al año anterior.

Reconoce que como consecuencia de la crisis financiera y del sector inmobiliario, un ingente número de promotoras, constructoras y en menor medida, familias, "no han podido hacer frente al pago de su deuda hipotecaria, razón por la que las entidades financieras, tras los desahucios ejecutados, pasan a ser propietarios de un elevado número de inmuebles, en especial, viviendas y locales". Ha agregado que "la situación crítica de algunas de estas entidades, junto con las enormes dificultades que tienen para hacer frente a la gestión de estos activos, provocan que no estén cumpliendo, puntualmente, con sus obligaciones económicas con la comunidad de propietarios".

La morosidad financiera conlleva ingentes problemas económicos para los vecinos de esos inmuebles, que tienen que ver aumentadas sus cuotas comunitarias para afrontar el impago que originan el resto de las viviendas y locales con su morosidad. Los administradores de fincas colegiados están percibiendo en éste un sangrante problema económico, que conlleva la posibilidad muy real del deterioro de un edificio porque sus vecinos no pueden asumir el coste de los recibos que dejan de abonar dichas entidades.

El Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla es consciente de la "urgente necesidad de adoptar todas las medidas que estén al alcance de las entidades financieras para dar solución a este problema, teniendo presente que únicamente se pide que cumplan, puntualmente, con sus obligaciones, para lo que pueden contar con el apoyo y colaboración de los administradores de fincas colegiados".

Oficina de atención

Por otra parte, el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla ha llevado a cabo una actuación "absolutamente novedosa y pionera" en el ámbito de las comunidades de Propietarios en este país, de forma que ha aprobado la creación de la Oficina de Atención a Comunidades, en la que mediante un turno de administradores de fincas colegiados, serán atendidas gratuitamente las consultas que puedan hacerles los presidentes, secretarios o comuneros, de las comunidades de propietarios que no dispongan de un administrador de fincas colegiado.

La iniciativa ha surgido al comprobar la junta de gobierno de dicho colegio profesional, por las circunstancias socioeconómicas actuales y también como consecuencia de los últimos cambios legislativos, que "se han visto incrementados notablemente los niveles de información que precisan las comunidades de propietarios".

Los administradores de fincas colegiados de Sevilla, con esta medida, ponen de manifiesto "la vocación de prestar de servicios públicos al ciudadano, que tienen como corporación de derecho público, y a la vez, defienden la necesidad de tratar con profesionalidad los asuntos que afectan al ejercicio de su profesión".