El Defensor del Pueblo recibió 2.234 quejas procedentes de la Comunitat Valenciana en 2013, según muestra el último Informe Anual de esta institución. La Comunitat es la tercera en número de quejas, sólo superada por Madrid (5.942) y Andalucía (2.866).

Por provincias, sin contar con las autonomías uniprovinciales, Valencia es la segunda con más quejas, por detrás de Barcelona, con un total de 1.181. En el caso de las solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad, figuran 557 de la Comunitat.

La defensora, Soledad Becerril, denuncia algunas fiestas tradicionales en distintos municipios por incluir prácticas que han motivado denuncias por maltrato animal, entre ellas destaca la suelta de patos en el puerto de Sagunto (Valencia).

Al respecto, indica que son arrojados al mar desde una barcaza para ser perseguidos y capturados por nadadores. Aunque señala que el Ayuntamiento ha adoptado algunas medidas, los reclamantes las consideran "insuficientes".

Por otro lado, respecto al aeropuerto de Castellón, considera que es un caso de "planificación deficiente y de una inexistente evaluación estratégica del planeamiento aeroportuario. El informe recuerda que está inaugurado aunque no tiene actividad y, por ello, en noviembre de 2012 se inició una actuación de oficio ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Dirección General de Aviación Civil para comprobar la efectividad de la planificación aeroportuaria.

BARRACONES

En materia de educación, el Defensor inició en 2013 una tramitación de oficio ante la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat para contrastar informaciones referidas a centros escolares ubicados en barracones en La Ribera Alta.

La Conselleria confirmó la utilización de aulas prefabricadas en centros de varias localidades de la comarca, como Montserrat, El Perelló y Villanueva de Castellón, y aseguró en su programación se había incluido la construcción de nuevas instalaciones definitivas para los centros educativos.

Sin embargo, señalaba que las circunstancias económicas no permitían la licitación de las obras y, pese a la solicitud expresa de la institución, no se establecía previsión alguna respecto del momento en que se esperaba disponer de fondos que permitiesen iniciar los procesos de adjudicación y la construcción de los centros.

También efectuó otra actuación de oficio, ante la misma consejería, para determinar el alcance de los problemas de goteras, filtraciones y otras deficiencias y carencias que afectaban a las aulas del Colegio Público 103 de Valencia, que todavía en el curso 2012-2013 estaba ubicado en las aulas prefabricadas, en las que se inició su funcionamiento en el año escolar 2008-2009.

Asimismo, el Defensor del Pueblo señala que los retrasos en el abono de ayudas educativas ya concedidas por la Conselleria de Educación, destinadas a la adquisición de libros de texto, concedidas en el curso 2011-2012, han dado lugar a la formulación de quejas.

Respecto a dependencia, destaca el que se han iniciado actuaciones complementarias con las administraciones autonómicas de Andalucía, Región de Murcia y la Comunitat Valenciana, con el fin de "analizar el funcionamiento global de la gestión del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia que parece tener paralizada la tramitación de un alto número de quejas". En cuanto a vivienda, el Defensor subraya el "elevado" número de actuaciones iniciadas ante la Comunidad de Madrid y la Generalitat Valenciana.

Por otro lado, el informe destaca las quejas sobre insuficiente dotación de medios humanos que provoca demoras en la atención al público en el ámbito judicial. En la Comunitat Valenciana la mayoría de las quejas se han referido a los registros civiles de Ontinyent, Elche, Mislata, Sagunto, Vinaròs y Dénia.

Tasa tamer

También se refiere a quejas recibidas en relación con la Tasa de Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos y Asimilados (Tamer), que se aplica en Valencia y su área metropolitana, recuerda que subió un 150 por ciento, y fue objeto de un procedimiento contencioso-administrativo.

El Defensor del Pueblo asegura que aunque su implantación inicial se produjo en 2009, "muchos contribuyentes no conocían de su existencia, hasta que su cuantía dificultó el pago del recibo del agua".