Jordi Besora, gerente de la empresa de Tarragona Transportes J. Besora, está satisfecho con la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), que ha dictaminado que el céntimo sanitario "es contrario" al derecho comunitario. Él denunció este impuestos sobre los carburantes al considerarlo ilegal pero no fue el único.

"Nosotros solo somos una de las sesenta empresas de la provincia que denunciamos pero la abogada cogió nuestro expediente como ejemplo y sólo se habla de nosotros. Además, es ella la que ha hecho el trabajo duro", asegura a 20minutos.es Besora, muy satisfecho con la labor realizada por la abogada Irene Mallol, de Mallol Assessors.

En realidad, fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el que usó su expediente como ejemplo al realizar una consulta jurídica formal al Tribunal Superior de Justicia de la UE que se pronunciara sobre el céntimo sanitario después de que la Comisión Europea recomendara a España su retirada.

Sin embargo, lamenta que la mayoría de conductores no podrán beneficiarse de la resolución al no poder demostrar cuánto dinero pagaron al no conservar todos los tickets. "Y tampoco les saldría a cuenta", añade Besora, quien espera recuperar los 45.632 euros que pagó entre 2005 y 2008.

Pero la cantidad que reclama Tansportes J. Besora, una empresa familiar creada en 1950 y que ahora cuenta con más de 200 clientes en todo el país, no es ni de lejos la más elevada. Mallol Assessors ha tramitado también la reclamación de dos empresas con depósitos propios de combustible que, entre ambas, piden la devolución de casi tres millones de euros.

Besora lamenta que en España "se reclame poco a diferencia de otros países, donde cuando los ciudadanos creen que algo es ilegal, reclaman". Sin embargo, ellos se decidieron denunciar el céntimo sanitario al considerar que las administraciones "se estaban lucrando" a su costa pues el impuesto no era finalista. Los impuestos especiales, recuerda, ya gravan los carburantes para proteger la salud y el medioambiente.

Ahora, Besora y el resto de denunciantes están a la expectativa de lo que decida el TSJC si la Generalitat debe devolver el dinero —en Cataluña y otras ocho comunidades autónomas se gravaron los carburantes con 4,8 céntimos— y sobre cómo se efectúa la devolución.