La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, ha requerido al Ayuntamiento de A Coruña nueva documentación en relación a sanciones de tráfico o aparcamiento, así como retirada de vehículos, que podría haber sido anuladas, según un auto al que ha tenido acceso Europa Press.
En relación con la rama 'Pikachu', de la 'Operación Pokémon' -que investiga supuestas adjudicaciones irregulares al grupo Vendex- la jueza ha dictado sendos autos. En uno, requiere al Ayuntamiento de A Coruña y a otros organismos datos de multas en relación con una treintena de personas y una veintena de coches.
En otro, autoriza al Servicio de Vigilancia Aduanera a acceder a datos fiscales y de la Seguridad Social de una docena de personas. En este caso, la investigación trataría de determinar si fueron contratados o se mejoraron sus condiciones laborales a cambio de la adjudicación de contratos.
"influencia" de autoridades o funcionarios
En concreto, el auto autoriza a Vigilancia Aduanera a "consultar, utilizar y aportar a la causa" los datos fiscales y de la Seguridad Social existentes en la base de datos de la Agencia Tributaria sobre la actividad fiscal y económica de estas personas.
La jueza lo autoriza "dado que de las investigaciones se infiere", indica, que el delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor, "contrata, prorroga y mejora los contratos de trabajo de varias personas como consecuencia de la influencia ejercida por autoridades o funcionarios del Ayuntamiento de A Coruña".
Al respecto, precisa que se trataría de personas "relacionadas directa o indirectamente con concursos o contratos de prestación de servicios que, en muchos casos, fueron adjudicados, de forma presumiblemente irregular, a tales empresas".
Sanciones de tráfico
En otro auto requiere al Ayuntamiento de A Coruña; a la Sociedad de Servicios Doal, del grupo Vendex; a la Dirección Xeral de Economía e Industria de la Xunta de Galicia y a la Dirección General de Tráfico para que se facilite a los funcionarios de Vigilancia Aduanera copia de expedientes sancionadores en materia de tráfico.
En el caso del Consistorio coruñés, pide que se facilite copia compulsada por sanciones de tráfico o aparcamiento en relación con una treintena de personas y una veintena de vehículos.
También solicita la misma documentación en relación con la retirada de vehículos y con la tarjeta o tarjetas de aparcamiento para zona de residentes, correspondiente, como en el anterior caso, a los ejercicios 2011 y 2012. En el caso de la Xunta y la DGT, solicita información en relación a dos expedientes.
Posibles prácticas "irregulares·
En su auto, acuerda librar los correspondientes oficios a estas instituciones "dado que en el curso de las intervenciones telefónicas se han detectado una serie de llamadas telefónicas entre los investigados y terceras personas".
Estas conversaciones podrían de manifiesto "prácticas aparentemente irregulares", que consistirían en avisar a los responsables de la retirada de vehículos y del control de aparcamiento (O.R.A.) de la imposición de una sanción "para la presumible retirada de la sanción correspondiente, así como la anulación", añade.
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