El Ministerio Fiscal ha ofrecido hoy como "alternativa" acusar a los cinco miembros de Comisiones Obreras (entre ellos su secretario general, Koldo González) de un delito contra el Derecho de los Trabajadores, en vez de uno de Coacciones, y rebajar la pena a un año.

La vista oral por los sucesos ocurridos la noche del 28 al 29 de septiembre del año 2010, alrededor de la huelga general y en la empresa Talleres Lispar, ha puesto hoy encima de la mesa dos versiones contradictoras.

Mientras hasta seis empleadas de la empresa han coincidido en asegurar que tuvieron "miedo", que se les amenazó e insultó y se pararon las máquinas, obligando a los trabajadores a dejar de ejercer su labor, desde los acusados se ha insistido en que fue una acción pacífica en la que solo se informó a los trabajadores para que se unieran a la huelga.

El escrito inicial de la acusación del Ministerio Fiscal imputaba a los acusados dos delitos: uno de Coacciones y otro de Daños, que suponían dos años de cárcel (por las Coacciones) y multa de nueve meses con una cuota diaria de seis euros (por los Daños).

No obstante, al comienzo de la vista la fiscal ha propuesto a la jueza que instruye el caso una opción "alternativa" y, ya en el momento de las conclusiones, le ha indicado que, "si su señoría lo entiende" conveniente se puede cambiar el delito de Coacciones por otro contra el Derecho de los Trabajadores que "podría ser más adecuado".

El cambio (de aceptarlo la jueza) supondría que la petición para los acusados se rebajaría de dos a un año, aunque a los nueve meses de multa se le añadirían otros seis (a seis euros al día).

"caos total" y "miedo"

En cualquier caso, la fiscal entiende que "ha sido amenazado" el derecho de los trabajadores de la empresa Talleres Lispar a decidir, libremente, ir a trabajar el día que había convocada una huelga general.

También ha visto reconocido que dejaron de trabajar "por miedo" porque no se trató de un piquete informativo sino que se les instó a dejar de hacerlo "de forma agresiva".

En este mismo orden de cosas las seis testigos llamadas a la causa han explicado que los integrantes del piquete generaron un "caos total" y un "follón de miedo", desenchufaron las máquinas, lanzaron petardos en zonas donde había productos inflamables, les insultaron y abrieron llaves de agua. Las seis han hablado de "miedo".

Los hechos sucedieron en el turno de noche (que comienza a las 22:00 horas). Su responsable, Juan Antonio Apellaniz, ha asegurado hoy que "sacaron del eje" la puerta de entrada y entraron con "insultos y empujones". Incluso ha apuntado a agresiones físicas que no se han denunciado. La fábrica "se tuvo que cerrar por miedo", ha dicho.

Acción "pacífica" de información

Los acusados, sin embargo, han asegurado que se encontraron la puerta abierta y han calificado la acción del piquete de "pacífica". Se han negado los insultos y, con respecto a los petardos, uno de los acusados, Sebastián Sánchez, ha explicado que se lanzaron fuera de la fábrica y lejos de ésta; "en una parte diáfana de la carretera".

Esta línea ha sido apoyada por un integrante de UGT, que esa noche coincidió en la fábrica también en acción de piquete, quien ha explicado que fue el propio responsable del turno el que anunció que se iban a apagar las máquinas para que hablasen fuera con los trabajadores. Todos los acusados han insistido en que ellos no pudieron apagar las máquinas porque no pasaron "la línea amarilla" que da a esta zona.

El abogado de los acusados, Fausto Sáiz, ha resaltado cómo no se habían concretado daños y ha puesto el acento en que la acusación se dirige sobre cinco personas, y no sobre un piquete, y, sin embargo, no se ha podido señalar quién paró una máquina o quién ejerció alguna acción violenta concreta.

Por otro lado, ha exhibido jurisprudencia relativa al hecho de que, en momentos como una huelga general, la "intensidad" que se requiere para considerar que un acto supone "coacción" debe ser "mayor" que en otras circunstancias. Ha mantenido su petición de absolución.

En los últimos momentos del juicio, uno de los acusados, J.C.B, ha explicado que había pedido a una de las trabajadoras que "por sus hijos y las consecuencias de la reforma laboral" dejase su puesto de trabajo.

Ya a la salida de la vista oral, el secretario general de Comisiones Obreras, que la noche del 28 de septiembre actuaba como supervisor de piquetes junto con un miembro de la Comisión Ejecutiva Federal, Jordi Ribó, que también ha negado en el juicio acciones violentas, ha mostrado su "tranquilidad".

Tras apoyarse en el hecho de que no se ha "acreditado" nada concreto porque "aunque el escrito de acusación hable de que se pararon ochenta máquinas no se ha acreditado cuáles se pararon", ha destacado que, desde la Fiscalía, se ofrezca la posibilidad de rebajar la pena a la mitad y dejarla en un año.