El Ayuntamiento de León, gobernado en mayoría por el Partido Popular, ha rechazado este martes una moción del grupo socialista municipal en la que se instaba al Consistorio capitalino a sumarse a la plataforma de ayuntamientos que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobada por el Ejecutivo central en diciembre de 2013.

El portavoz popular, José María López Benito, ha justificado el rechazo de su grupo argumentando que el Pleno del Ayuntamiento "no es el lugar de debate de una ley que ya ha sido discutida y aprobada en el Parlamento" y que "lleva dos meses en vigor".

En este sentido, ha insistido que generar debate en torno a esta cuestión es "estéril e inútil" porque "no va a cambiar nada". "Esta propuesta no ha sido presentada por el interés de los ciudadanos, sino por el propio interés del PSOE", ha agregado.

Por otro lado, ha explicado que el equipo de Gobierno municipal considera que la reforma "es una buena ley que va a contribuir a mejorar la administración local" y que va a conseguir "más estabilidad presupuestaria" y a evitar "que se aprueben presupuestos alegremente, que después generen desfases en las cuentas", ha añadido en referencia al anterior Ejecutivo leonés encabezado por el PSOE.

Por su parte, el portavoz socialista, José Antonio Díez, ha asegurado que si ha presentado esta propuesta, que se ha discutido este martes en pleno extraordinario, es porque esa normativa es "anticonstitucional" y sólo tiene dos objetivos claros que son "acabar con los ayuntamientos rurales por falta de financiación" y "arrebatar a los ayuntamientos las competencias en la prestación de servicios sociales".

Todo ello, ha remarcado, irá en detrimento de los ciudadanos porque esta nueva normativa se traduce en "menos democracia y menos competencias para las entidades locales" lo que llevará "a menos financiación y a los recortes o privatizaciones de los servicios públicos".

En este mismo sentido se ha pronunciado UPL, que ha apoyado la moción en contra de la nueva legislación de la reforma local. Su portavoz, Eduardo López Sendino, ha dicho que la norma supone "una invasión clara en las competencias de la autonomía local" y que las modificaciones que plantea son "inconstitucionales".