La Diputación ayudará al sector agrícola a aplicar el Real Decreto de uso sostenible de plaguicidas

El ente supramunicipal pondrá a disposición de los ayuntamientos el asesoramiento que exige la nueva normativa

La Diputación de Málaga ayudará al sector agrícola a poner en marcha el Real Decreto de uso sostenible de productos fitosanitarios que entró en vigor el pasado 1 de enero. Para ello, el ente supramunicipal pondrá a disposición de los ayuntamientos que lo soliciten a través del Programa Provincial de Ayuda y Cooperación, el servicio de asesoramiento que exige la nueva normativa. Esta medida se llevará a cabo en los municipios de menos de 25.000 habitantes de la provincia.

La diputada de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Marina Bravo, ha informado de esta acción en la jornada sobre la 'Aplicación del Real Decreto de uso sostenible de productos fitosanitarios en jardinería', que se ha celebrado en el Hotel Eslava de Antequera (Málaga). Allí se han dado cita más de 300 personas entre profesionales y empresarios del sector agrícola.

La inauguración de estas conferencias ha corrido a cargo de Bravo; el alcalde de Antequera, Manuel Barón; el delegado territorial del ramo de la Junta de Andalucía, Javier Carnero, y el presidente de la Asociación Multisectorial de Jardinería (AMJA), Juan Manuel Ruíz.

"La Diputación de Málaga, a través del programa de Sanidad Vegetal dará el servicio a los ayuntamientos menores de 25.000 habitantes a través del Programa Provincial de Ayuda y Cooperación", ha afirmado Bravo en su intervención en la presentación de las conferencias.

El Real Decreto 1311/2012 sobre el uso sostenible de los productos fitosanitarios establece los instrumentos de apoyo imprescindibles para aplicar las políticas de consecución de la sostenibilidad y del control oficial del uso de los plaguicidas.

En concreto, se contemplan aspectos importantes, tales como la obligatoriedad de mantener actualizado el registro de tratamientos fitosanitarios; contar con un asesor en gestión integrada de plagas, inscrito en el registro oficial de asesores; la suscripción de un contrato y la redacción de un plan de trabajo para el asesoramiento; formación obligatoria para usuarios profesionales como vendedores y manipuladores de productos o la regulación de la manipulación y almacenamiento, envases y restos, entre otros.

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