El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ha exigido nuevamente a la Consejería de Educación y Cultura la ejecución de las sentencias del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Mérida, del 19 de junio de 2013, que reconoce el abono de parte (24,44 por ciento) de la paga extra de diciembre de 2012 que se suprimió a todos los empleados públicos.

PIDE ha anunciado que, con fecha de 17 de febrero, una de las demandantes ha recibido comunicación del juzgado donde se da a la consejería un plazo de 20 días para abonar el pago correspondiente a los 44 días devengados con anterioridad a la publicación del Real Decreto de 15 de julio de 2012.

Por tanto la Consejería tiene de plazo hasta el 12 de marzo de 2014 (inclusive) para hacer efectiva la sentencia, es decir, abonar la deuda; de lo contrario "se podrá proceder al embargo de sus bienes (de la Consejería) en la medida suficiente para responder por la cantidad por la que se ha despachado ejecución".

El sindicato, a través de un comunicado de prensa, recuerda que el pasado mes de septiembre, una vez cumplidos los meses de plazo desde el fallo del Juzgado de julio de 2013, el sindicato PIDE solicitó al juzgado que obligara a la Consejería a ejecutar las sentencias.

PIDE solicitó por registro oficial, el 26 de junio, a la Consejera de Educación, al Secretario General de Educación, a la Directora General de Personal Docente y al Presidente del Gobierno de Extremadura que las sentencias favorables, donde se "reconocía el derecho al cobro de los 44 días devengados, se hicieran extensibles a todos los empleados públicos de Extremadura que cumplieran las condiciones exigibles en dicha sentencia".

En este sentido, debería de abonarse, en consecuencia, la cantidad correspondiente a la retribución proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2102. Al respecto, y "a pesar de los anuncios oficiales", el sindicato sigue "sin noticia del pago a todos los empleados públicos extremeños".

Por otro lado, recuerda que el 10 de septiembre de 2013 el Tribunal Constitucional aceptó las alegaciones de PIDE, sobre la inconstitucionalidad de la supresión de la paga íntegra a todos los empleados públicos, y estamos a la espera de que se dicte sentencia.

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