El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha vinculado este viernes la reordenación llevada a cabo en Atención Primaria con la decisión de la Junta de "adelantarse" al "blindaje" de los servicios públicos de manera previa al cierre del mapa de servicios vinculado a la ley de Ordenación, aspecto criticado por el PSOE por considerar que la decisión se ha tomado de manera "unilateral".

Durante una comparecencia en las Cortes que se ha prolongado toda la mañana, el consejero ha defendido la reordenación de la Atención Primaria llevada a cabo y, tras ensalzar que el proyecto ha perseguido los 249 centros de salud y 3.652 consultorios "con la misma atención e intensidad", ha señalado que el Plan de Ordenación de Recursos Humanos en Atención Primaria "respeta escrupulosamente" el acuerdo básico de octubre de 2012 alcanzado entre Junta y PSOE en materia de Ordenación del Territorio ya que se mantienen los servicios en el mismo lugar donde se prestan.

"Hemos blindado los servicios públicos", ha insistido De Santiago-Juárez, quien tras apostillar que la Junta podría haber hecho "otras cosas" porque el mapa de servicios no está aún aprobado, ha aclarado que si no ha sido así es porque su interés radica en "mantener esos servicios". "Nos hemos adelantado y blindado los servicios porque una vez aprobado el mapa no podría hacerse nada".

Constantes menciones al psoe

El consejero, que a lo largo de sus intervenciones ha realizado constantes referencias a las "dificultades" encontradas en las negociaciones con el PSOE y a las opiniones de sus líderes regional y parlamentario —"si esperamos por ustedes..."—, ha recalcado que con la reordenación "no se toca para nada" el mapa sanitario ni las zonas básicas de salud ni las áreas de salud ya que "se adaptan recursos a necesidades reales cambiantes".

Tras recordar los principios rectores de la Agenda de la Población, De Santiago-Juárez ha enmarcado el Plan en el de Reforma de la Administración de la Comunidad y ha incidido en que mejora la distribución de las cargas asistenciales y la prestación de asistencia sanitaria en zonas rurales y mantiene las prestaciones actuales: "todos los consultorios y con la misma intensidad horaria".

En su turno, la viceportavoz del Grupo Socialista, Ana Redondo, ha criticado que la Junta se haya adelantado y "de manera unilateral", sin tener en cuenta, a su juicio, los "complejos mecanismos" que recoge la Ley de Ordenación vinculados a la elaboración del mapa de servicios en el territorio.

"Si la necesidad de hacer pedagogía es tan perentoria es porque no todos entienden las bondades del Plan", ha afirmado antes de leer fragmentos de varias cartas en las que médicos de las distintas zonas rurales de la Comunidad alertan de las consecuencias que, para la prestación del servicio, tendrán los cambios establecidos en el Plan, que deberá estar concluido en diciembre de 2015.

Los de Javier Yepes, medico rural en Mota del Marqués (Valladolid), Clemente Viana, coordinador del centro de salud de Almazán (Soria) o un equipo de la provincia de Zamora, que alerta de la disociación del tándem médico-enfermera y de los problemas técnicos derivados del sistema informático, han sido los testimonios presentados por la procuradora socialista, quien ha asegurado que en la práctica "las cuentas no salen" y que habrá un "recorte".

La procuradora se ha referido al anuncio realizado por el Procurador del Común, Javier Amoedo, sobre su interés por estudiar el Plan, a lo que el consejero ha añadido que el Consejo Consultivo no consideró la necesidad de elaborar informe, y ha lamentado las "dos versiones de la misma prepotencia" del consejero, a quien ha comparado con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por llamarles "ignorantes" y decir que "no leen o no comprenden".

Empleo en los registros del medio rural

El segundo punto del orden del día de la Comisión de Presidencia ha llevado al también portavoz del Ejecutivo autonómico a abordar el anteproyecto que elabora el Ministerio de Justicia sobre demarcación registral, momento en el que ha comprometido que la Comunidad "velará por el buen servicio" de notarios y registradores.

Tras recordar que la Junta ha solicitado al Ministerio que se tuvieran en cuenta las especificidades de la Comunidad y, por tanto, rechaza los factores cuantitativos, así como informes estadísticos de registros de la propiedad a fin de poder conocer la incidencia de la reforma planteada, información que no ha llegado, el consejero de la Presidencia ha recordado que, ya en el año 2007, el Tribunal Supremo consideró que la Junta no tenías derecho a pedir una ampliación de información, como se ha hecho en la actualidad.

"Fue un jarro de agua fría", ha reconocido antes de emplazar su decisión final al momento en que se apruebe el Real Decreto.

Asimismo, se ha referido al escrito remitido por la Junta, en el que rechaza hablar de amortización por factores cuantitativos por considerar que este parámetro "no puede ser el único a tener en cuenta" sin otros como el tipo de documentos a elaborar, población a la que se atiende o distancia al registro más próximo, aspectos que espera el Ministerio tenga en cuenta porque, en caso contrario, tomarán las "medidas oportunas" para defender los intereses ciudadanos.

Frente a ello, ha destacado la previsión de mantenimiento de oficinas pese al reagrupamiento, lo que a su vez "va en favor" del mantenimiento del empleo, y de instalación en términos municipales de oficinas abiertas al publico para ofrecer estos servicios, aspecto a su juicio "esencial" por cuanto tiene que ver con la "accesibilidad de todos", especialmente en el medio rural, a los servicios.

La procuradora socialista María Fernanda Blanco, quien ha incidido en la oposición que ha suscitado este anteproyecto entre alcaldes de todos los colores políticos, ha considerado que "llueve sobre mojado", especialmente en lo que tiene que ver con las reformas anunciadas por el Ministerio de Justicia.

"Se impone el diálogo con el Gobierno sobre este tema, ahora que ambos son del mismo signo político", ha abogado antes de que el leonesista Alejandro Valderas tildara de "vergüenza" la propuesta del Ministerio, que no se acompaña de valoración económica, y cuestionara la cuantía ahorrar con la reforma. "Creo realmente que nos están engañando", ha concluido.

En su réplica, De Santiago-Juárez ha aseverado que la Junta dialoga "con todos los gobiernos", al margen de partidos, y ha precisado que otras iniciativas lanzadas desde el Ministerio o no se han llevado a cabo, como la reforma de demarcaciones y planta judicial, que "ni está ni se la espera", o están "aparcadas".