El Gobierno de Zaragoza ha acordado iniciar un proceso de lesividad hacia el Ayuntamiento de la ciudad por la anterior contrata de autobús urbano, Tuzsa, sobre los precios aplicados desde el 1 de enero de 2009 hasta diciembre de 2012.

El vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, ha explicado que este procedimiento se emprende por no ser acorde a derecho la determinación de precios aprobada y al existir una doble lesión, jurídica y económica, para los intereses municipales, por ser contrarios a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público respecto a la exclusión de la variación de los costes de la mano de obra y limitación del 85 por ciento del IPC.

La demanda por lesividad se presentará ante el juzgado de lo contencioso-administrativo al ser el ámbito jurídico "que legalmente tiene que reconocerlo", ha precisado Gimeno.

Esta decisión se deberá aprobar por la Comisión de Presidencia, Economía y Hacienda y refrendada por el Pleno municipal, ha recordado Gimeno para explicar que la presentación de la demanda por lesividad se justifica en los informes realizados por una auditoría de la firma Moore Stephens LP, S.L., que tenía como base estudios de la Universidad de Zaragoza sobre las certificaciones de esos años.

Este proceso corresponde a la discrepancia entre el Ayuntamiento y Tuzsa respecto a la deuda y pagos pendientes entre ambas entidades y al no haber acuerdo se dirimirá en los tribunales.

ABONOS

Así, la revisión realizada por el Consistorio establece que la diferencia de pago entre el Ayuntamiento y Tuzsa señala que la administración local ha pagado de más a Tuzsa unos 16,6 millones de euros por este servicio.

No obstante, el Ayuntamiento adeuda a Tuzsa por las certificaciones pendientes desde diciembre de 2012 hasta el final del contrato, en julio de 2013, un total de 21,6 millones de euros, por lo que la diferencia que el Ayuntamiento debería abonar a la empresa para restablecer el equilibrio del contrato es de 5 millones de euros, frente a los 30 millones que Tuzsa ha reclamado judicialmente.

"La lesividad para el Ayuntamiento es de 5 millones de euros", ha subrayado Fernando Gimeno, para reconocer que "si la sentencia lo reconoce estaría encantadísimo", pero ha dejado claro que el Ayuntamiento no reconocerá esta obligación de pago hasta que no se declare la lesividad para el Consistorio".

El vicealcalde ha explicado que con este tramite judicial que aúna lo que se deben entre ambas partes "pretendemos ahorrar tiempo y ganar agilidad para que haya una única sentencia".

Por otro lado, quedaría pendiente la reclamación, por valor de 20 millones de euros, derivados de la discrepancia del pago de los bonos sociales de transporte para los trabajadores de Tuzsa y sus familias desde 1982, que la empresa ha cargado al Ayuntamiento. Este desajuste se solventará cuando se proceda a valorar la liquidación de la contrata, sobre la que Gimeno no ha precisado cuando estará terminada.